Con el republicanismo no alcanza

Por César Ramón Cuello

Constantemente se lee y escucha a políticos opositores, periodistas, economistas, escritores, etc., reclamar el funcionamiento republicano en el gobierno nacional de Argentina. Efectivamente, el sistema como tal, esencialmente, no funciona actualmente pese a la máscara instalada desde el gobierno en el sentido que se respetan sus condicionamientos. Para que esto suceda, cada uno de los poderes constitutivos del esquema estatal debe funcionar con absoluta independencia de criterio; de manera tal que ninguno se vea influenciado impúdicamente por otro para conseguir fines que no están en concordancia con los intereses de la Nación y sí en beneficio de intereses sectoriales. No son necesarias demasiadas explicaciones para aceptar la distorsión que nos embarga políticamente dados los notorios y flagrantes hechos que se cometen avasallando el orden institucional y aceptados por quiénes no debieran hacerlo, sean legisladores, jueces u otros miembros de la estructura del Estado y miembros de la sociedad como los empresarios cómplices. El accionar estatal sobre la base de la forma de república, asegura en un grado aceptable el control recíproco de los Poderes y ello conlleva que los ciudadanos sean respetados integralmente, especialmente en orden al esfuerzo que realizan para alimentar las finanzas públicas con su esfuerzo; y que tanto las leyes, su cumplimiento y la garantía de su constitucionalidad conduzcan a que constantemente se bregue por mantener y mejorar la calidad de vida de los habitantes, se asegure su libertad y seguridad, se promueva la paz interna, la defensa nacional, tal como lo establece la Primera Ley.

La aparente formalidad republicana que hoy exhibe Argentina ha producido graves distorsiones contándose como de iguales consecuencias, por ejemplo, la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para disponer de casi la totalidad de los recursos tributarios para manejarlos con absoluta discrecionalidad; limitando de la misma manera el derecho de las comunidades que conforman la Nación a gobernarse en libertad, negando absolutamente el federalismo que no solamente está proclamado como un inalienable derecho por la Carta Magna, sino que constituye el reconocimiento de la dignidad personal y grupal de los miembros de aquellas comunidades. Concentración en el manejo de caudales públicos que da lugar a una pésima asignación y uso de recursos y acarrea serios peligros de que se cometan actos de corrupción, como tantos denunciados; que desmejoran la calidad de vida de los habitantes y los degradan moral e intelectualmente. A tal punto que el panorama que ancestralmente se visualiza en las altas esferas del gobierno ha dado lugar a la argentina posición discepoliana de que “nada es mejor, todo es igual”.

Juan Manuel de Rosas, tildado como sangriento tirano entre otros epítetos, se oponía a la sanción de una constitución nacional hasta tanto las provincias de la confederación no estuvieran debidamente organizadas. Al menos así se lo explicó en una carta a Facundo Quiroga. El propósito, siguiendo lo hecho en América del Norte, donde al inicio de la guerra por su independencia las trece colonias poseían organización escrita en sus constituciones, era establecer el ente que representara a las provincias y no que las gobernara, respetando así el concepto de federalismo, es decir, el derecho de gobernarse por sí cada pueblo. Al final en nuestro país sucedió al revés. A través de toda su historia la Nación Argentina vivió bajo la égida espuria del gobierno nacional. Con ausencia total del sinónimo de federalismo, la democracia. Concepto también desvirtuado; en la medida que se confunde un sistema de organización social con la facultad graciosamente otorgada a los habitantes de optar por uno de los candidatos que aparecen en el escenario de cada elección. La esencia original del concepto “federalismo-democracia” es que se trata del “gobierno de los pueblos” (del griego demo=pueblo; cracia=gobierno) en la Asamblea que reunía a los representantes de cada uno de los diez demos en que estaba dividida Grecia; donde en cada uno de éstos había gobierno propio absolutamente. En los países más adelantados de este mundo este sistema funciona plenamente. En los atrasados donde el despotismo y la tiranía es moneda corriente funciona, naturalmente, el unitarismo que impone la concentración de poder y recursos. Los argentinos sabemos de ello.

Los resultados que hemos alcanzado hasta el momento, luego de más de doscientos años de vida independiente, hacen caer por su propio peso que el republicanismo pretendido por todos los personajes enunciados más arriba, es necesario pero no suficiente.

Luego de la desaparición del roquismo que intentó, montado en la Generación del 80, instaurar el capitalismo con la limitación, entre otras, del régimen de tenencia de la tierra (latifundio) que no permitió el enriquecimiento de la población para dejar constituida una verdadera y poderosa clase media, se instaló en Argentina un conservadurismo oligárquico, con características fascistoides en la década del treinta del Siglo XX, que tendería a reinstalarse con la sola vuelta al funcionamiento republicano hasta ahora conocido en la República Argentina.

La democracia (federalismo en el sentido cabal de la expresión) lleva consigo que “el ojo del amo engorda el ganado”. Nadie mejor que el pueblo para vigilar que su esfuerzo, traducido en impuestos, sea bien utilizado y no sea objeto de latrocinio por parte de políticos corruptos y empresarios prebendarios. Luego, cada provincia debe administrar la riqueza y los recursos que ella genera y en cada municipio hacer lo propio para que exista el control social que no permite el latrocinio que degrada.

Uno de los resultados más avieso que soportamos fruto de nuestra organización social y forma de gobierno es la inflación; que encubiertamente genera fondos espurios para el gobierno central y socava la integridad moral y material de los habitantes. La política monetaria y fiscal nacional ha provocado tanta distorsión que sería aventurero fijar plazos para volver a la normalidad; sin emisión espuria, sin déficit fiscal y comercial, sin crecimiento sostenido de los precios; que ha desbaratado el mecanismo funcional de la economía de mercado, la mejor manera conocida hasta el presente para generar riqueza y distribuirla.

La prioridad que debemos tener en cuenta es desarticular la concentración de poder y riqueza que se formula actualmente en el Poder Ejecutivo de la Nación y luego, paulatinamente, transferir esos valores, en la medida adecuada, a las comunidades que conforman la Nación Argentina. Para que alguna vez funcione realmente la democracia y el federalismo. Esto es tanto más difícil como que no existe en todo el espectro social del país siquiera un atisbo de que se piense en ello. No obstante, tengamos presente que si no sucede tal cosa, los argentinos seguiremos sumidos en la mediocridad que día a día avanza más y más.