Infortunios y pobreza

Por César Ramón Cuello

En más de una oportunidad se ha tratado en estos espacios sobre la pobreza de nuestro país que redunda, lógicamente, en la pobreza de su pueblo. Es cierto que su territorio posee riquezas explotables y que de hecho se explotan; y también que existen acaudalados que de ninguna manera se le puede llamar pobres. Por el contrario, los que se destacan por ello se encuentran a una distancia sideral del común de la gente. Es que cuando existe un pueblo pobre tiene vigencia la ley inexorable que determina la presencia de algunos muy ricos y muchos pobres.

Si bien esta inequidad ha sido, desde la aparición del Homo Sapiens Sapiens hasta nuestros días una constante, sus efectos se ven disminuidos en la medida que la abundancia de recursos se aprovecha y se obtienen índices de alta productividad. Porque ocurre entonces que estos beneficios alcanzan para que haya súper ricos y el que el resto de la población tenga una standard aceptable en cuanto a la cobertura de sus necesidades y alcance de los beneficios que otorga el grado de civilización  alcanzado por la humanidad.

Claro está que la calidad de vida que se obtiene depende del grado de esfuerzo que cada uno haga en un medio donde se le brinde la oportunidad de hacerlo. En  este aspecto se verifica otra constante: cuando el pueblo tiene esa posibilidad es porque la organización social y el tipo de funcionamiento en la economía son los adecuados para ello. Fundados en la libertad que es fuente de creatividad y sin el corsé que implica una economía cerrada que no permite la competitividad ni la existencia de reglas de juego permanentes, ni mantiene el valor intrínseco de la moneda por efecto inflacionario que pervierte el esfuerzo tanto personal como colectivo; ni la estabilidad política que permite el desarrollo de un modelo de vida orientado hacia un futuro persistente, ni la seguridad jurídica y patrimonial que promueve la confianza generalizada.

La ausencia de una organización con los ingredientes democráticos y una economía con la suficiente fortaleza no puede nada más que brindarnos la penosa realidad que vivimos: escuelas y sistema de instrucción de pobres, hospitales y sistema de salud pública de pobres, seguridad personal y patrimonial de pobres, administración de justicia de pobres.

En estos días un triste acontecimiento ha venido a poner de manifiesto esa situación de pobreza. Fue un accidentes ferroviario con más de una decena de víctimas fatales y por lo menos dos centenas de heridos a lo que se sumó otra de la misma naturaleza aunque en este caso sin muertos pero también con casi cien heridos. Lamentablemente debemos admitir que se trata del resultado de nuestra pobreza. En las ciudades de naciones ricas, el servicio ferroviario no se presta a nivel de superficie. En ellas está instalado subterráneamente o en altura, de manera que accidentes como el anotado no se producen o muy raramente se producen.

Está claro que de la situación de pobreza no se sale con la ayuda a desocupados implementada en la década de los noventa luego de las crisis que se desataron en aquellos años; situación que se agravó a partir del interregno del gobierno nacional entre los últimos días del 2001 y los primeros del 2002 y sus secuelas; ni con las ayudas implementadas posteriormente, desde hace más de una década, con planes para los que no trabajan y otras asignaciones; ni con subsidios a la demanda que retrasan tarifas y distorsionan el sistema de precios relativos que conducen a una segura debacle si no se reacciona a tiempo; ni otorgando graciosamente beneficios jubilatorios sin el ahorro previo. Esto es así en la medida que, lejos de crear más riqueza, en este tipo de medidas se recurre a la ya generada, lo cual contribuye a la disminución de stock de capital social y con ello a incrementar aún más la pobreza, aunque los síntomas de tal debacle que se cierne tarden en aparecer.

Tampoco escaparemos de la franciscana situación limitando la expansión del aparato productivo con medidas que restringen el comercio internacional de la Nación en tanto éste es motor del desarrollo; que debe acompañar al incremento de la actividad económica; porque ésta sin aquél da lugar a que su expansión no tenga una vida duradera. Ni soñando alcanzaremos niveles óptimos en todo sentido si no eliminamos alguna vez la terrible situación de corrupción en el manejo de fondos públicos, si no desarticulamos la concentración de los recursos públicos que desde 1994, reforma constitucional de por medio, se verifica en el gobierno nacional institucionalmente.

El recientemente conocido caso de la adjudicación de varios centenares  de millones de pesos a un organismo no gubernamental que funciona sin ningún  tipo de control social es un caso más de una vieja práctica en Argentina. Son  conocidos los fondos fiduciarios así como las partidas también de centenares de millones que se transfieren a cooperadoras para mantenimiento y construcción de infraestructura escolar y hospitalaria facilitando la corrupción generalizada de funcionarios y empresarios que de una manera u otra contaminan a todo el cuerpo social. Renglón aparte, se puede afirmar que no son actos ilegítimos ni delictivos porque están permitidos por la ley, aunque deriven posteriormente en acciones inmorales que constituyen en sí mismos una desaprensión (falta de escrúpulos) y desconsideración del semejante que se esfuerza para cumplir con la ley y ser buen ciudadano, financiando la distribución discriminada de fondos públicos, con el pago de tributos.

No se trata de hacer la vista gorda ante el infortunio de millones de compatriotas, que sufren los efectos por ellos no esperados ni generados, eliminando planes de ayuda sino de revertir la situación para incorporarlos al trabajo productivo. Para ello es necesario poner en funcionamiento un sistema de organización social y económica que lo permita; para recaudar, asignar, erogar bajo control los recursos sociales; para que la creatividad que permite la libertad económica espiralice el proceso productivo y lleve los rendimientos a tal nivel que logre incrementar el volumen de riqueza producida por habitante hasta alcanzar un punto tal que supere con creces la línea de pobreza.

La falta de competitividad debido al funcionamiento de una economía cerrada e inflacionaria, que caracterizó la historia económica argentina, agudizó la situación prebendaria del Estado de los agentes económicos. Sumado a esto debe considerarse la formalización del sistema de cobertura de la asistencia médica para los trabajadores en el seno de las obras sociales sindicales que resultaron entes  ineficientes, ineficaces y antieconómicos, vistos a la luz de los millonarios aportes del Fisco que históricamente requirieron y recibieron. Todo ello significó la obtención de un altísimo costo de funcionamiento social que no permitió a la Argentina constituirse en una Gran Nación. Quizás sea posible afirmar que es fruto de la herencia de una carga cultural originada antaño.

Cuando Carlos V se hizo cargo del Reino Español y todas sus posesiones, donde no se ponía el sol, y luego de la Guerra de los Comuneros, se instaló un sistema unitario y centralizado, eliminando prácticamente los gobiernos locales de las comunas, dándole una nueva forma al feudalismo de la Edad Media. Un fenomenal caldo de cultivo para la corrupción que tuvo puntos culminantes en la Casa de Contratación de Sevilla desde donde se ejercía el monopolio comercial con las colonias. Esto se trasladó e instauró en América Latina, aún con la resistencia de los cabildantes, persistiendo todavía en nuestra organización social, a pesar de la pseudo federal Constitución de 1853. Porque luego de 1810 se mantuvo aquel neo feudalismo en forma caudillista o caudillezca, que tanto combatió Sarmiento, como un resabio del Medioevo y con las modernas formas de conducción, trasuntadas en líderes nominados desde punteros a conductores nacionales.

Como expresara Alberto M. Ballvé en su libro “Tablero de Control” (Emece Editores, Buenos Aires, 2008, Página 65), “las limitaciones culturales son razones muy profundas y estructurales, y por lo tanto muy difíciles de ser modificadas” no obstante las situaciones coyunturales de bonanza como las que actualmente vivimos los argentinos. Pero, no debemos cejar en el empeño de alcanzar alguna vez el grado de Gran Nación.

No hace falta nada más ni nada menos que organizarnos adecuadamente y producir más riqueza. Lo demás viene por añadidura, eliminación de la corrupción inclusive.

Vamos a repetir una vez más: la organización social más adecuada y experimentada desde la Grecia de Clístenes y Pericles hasta nuestros días, es la democrática (demo=pueblo/cracia=gobierno) en república. Es decir, hacer recaer en los gobiernos locales el derecho y responsabilidad de atender las necesidades comunitarias básicas (instrucción, salud, seguridad, justicia) para lo cual deben procurarse los medios en forma directa en su propia comunidad. Es la mejor manera conocida de ejercitar el control social y lograr el óptimo rendimiento del esfuerzo ciudadano de tributar impuestos. Proveedores de bienes y prestadores de servicios al Estado y los funcionarios estarán controlados para que no se enriquezcan espuriamente a costa del esfuerzo de los habitantes; policías, jueces y fiscales (que debieran ser elegidos mediante el voto popular) se cuidarán de no ser cómplices de delincuentes porque podrían ser fácilmente detectados como tales; docentes y profesionales de la salud, debidamente remunerados en función de la capacidad de cada comunidad, serían considerados a la altura de su noble profesión y no como trabajadores en lucha permanente por mejoras salariales; .

Por la otra parte, la mejor manera conocida en todos los tiempos para alcanzar volúmenes importantes de riqueza que proporcione bienestar a la población y la posibilidad de brindar puestos para todos los que pretendan trabajar, es el sistema de economía de mercado abierta al mundo, con libertad y competitividad. Suficientemente alejada del estatismo nazi/fascista/marxistoide/stalinista para evitar los riesgos inherentes que, con la fachada del populismo, las más de las veces suele generar un capitalismo de amigos altamente pernicioso y concentrador de riqueza que lleva al paroxismo de la pobreza a núcleos importantes de la población.. 

Es cierto, “las limitaciones culturales son razones muy profundas y estructurales, y por lo tanto muy difíciles de ser modificadas” pero sería bueno que recordemos las palabras de un grande, Ortega y Gasset, que nos dijo: “Argentinos, a las cosas”.

La Plata, 22 de setiembre de 2011

Democracia y Libertad

Por César Ramón Cuello

Los que no se meten en política sufren el castigo de

ser gobernados por los que se meten (Arnold Toynbee)

“Democracia = elección de gobernantes por medio del voto popular”. Esta ecuación es, al parecer, la que rige la elaboración de sesudos conceptos vertidos por destacados analistas y periodistas. Que se ha convertido en una especie de verdad revelada ya que, prácticamente sin excepción, en cualquier circunstancia que hubiere, se hace mención a que desde 1983 vivimos en democracia. Sin percibir, deliberadamente o no, que el primer miembro de la igualdad es una forma de gobierno, una forma de organización social y la segunda es una manera de decidir quién gobernará. Conceptualmente, nada que ver una cosa con la otra. Es como comparar patos con naranjas. Una incongruencia que estampa en la realidad los pésimos resultados obtenidos por Argentina en sus calidades de Pueblo, Estado y Nación.

En el primero de los aspectos (Pueblo) ofrece la crudeza de ser pobre cerca del cuarenta por ciento de la población. En el segundo (Estado), está presente la consistencia autoritaria y totalitaria de los gobernantes, con el condimento de la sospecha de corrupción generalizada, producto de la vasta y casi absoluta concentración de poder; que incluye, va de suyo, la succión de la mayor parte de los recursos financieros fiscales. En el tercero (Nación), adolece de la debilidad y pequeñez de su economía, la escasa presencia en el concierto de las naciones, la vulnerabilidad frente a malignos traficantes y la inestabilidad institucional como indicadores. La postal que podemos armar con estos elementos es absolutamente decepcionante. A tal punto que pensar en revertir la situación nos lleva a pensar que en el corto y mediano plazo es tarea imposible de cumplir.

A la confusión conceptual señalada se puede agregar otra, tal es confundir libertad de expresión con democracia. La libertad es un don natural otorgado por el Creador cuando estableció el libre albedrío como condición de los humanos, aceptada como derecho natural en las sociedades evolucionadas e inscripta en la ley de la República Argentina. Y como está apuntado más arriba, la democracia es una forma de organización social, una forma de gobernarse los pueblos. Luego, cuando se pregona que admitir el disenso sin recurrir a la violencia en cualquiera de sus formas para reprimir ideas contrarias es vivir en democracia, se cae en un error; porque se trata nada más que respetar la libertad de pensamiento, traducida en libertad de expresión. Adviértase que aún en una monarquía absoluta con administración totalmente centralizada puede existir libertad de expresión. La libertad de expresión no determina por sí sola la democracia aunque sea un elemento que surge naturalmente en su seno.

La libertad, como valor absoluto desde el punto de vista de la ética, surge como un valor relativo en el marco de la democracia ya que no puede ejercerse, por ejemplo, para cercenar la de otros. Impera aquí el criterio que, en cuanto derecho propio, deja de tener vigencia cuando aparece el ajeno. La sentencia es “el derecho propio termina donde empieza el de los demás”.

El derecho a la libertad de expresión es nada más que uno de la lista de los que deben respetarse, varios de los cuales contiene nuestra Constitución Nacional que a su vez forman parte de los tan declamados Derechos Humanos. Que encuentran en el sistema democrático el mejor caldo de cultivo para su efectiva vigencia. Uno de ellos es el derecho al control de la recaudación, asignación y utilización de los recursos sociales.

Al definir Pericles como “democracia” al sistema imperante a la sazón en Grecia, reconoció explícitamente ese derecho del pueblo griego. La expresión encarna en sí todo el concepto: “demo”=pueblo; “cracia”=gobierno. Los griegos, para satisfacer sus necesidades colectivas, se gobernaban a sí mismos en cada uno de los diez demos en que estaba dividida Atenas. Funcionaban para ello las asambleas locales en el Ágora. Para los temas comunes a todos ellos, como la defensa, utilizaban la Asamblea compuesta por cincuenta representantes de cada demo (o cuarenta según la época). El concepto demo, habida cuenta de sus características, tiene su sinónimo en condado, cantón y municipio actuales.

Los pueblos que hoy en día continúan con el mismo criterio griego son las naciones que están al frente de la civilización y en el reconocimiento de los derechos humanos. En los condados, cantones o municipios se recaudan directamente los recursos sociales y se atienden las necesidades colectivas inherentes. Nombran y pagan sus docentes; nombran y pagan sus policías; nombran y pagan sus jueces; disponen por sí cómo se atenderá la salud pública y lo mismo hacen con la infraestructura social, etc. En estas condiciones se puede ejercer el control social sobre los gobernantes, un derecho humano por antonomasia. A medida que surgen necesidades comunes a más de una comunidad se eleva el plano de la consideración hasta llegar a las máximas autoridades nacionales.

Los países más atrasados del planeta ofrecen el panorama de gobiernos dictatoriales, autoritarios, con centralización en la obtención de recursos sociales y su asignación y erogación. Existiendo la reciprocidad del círculo vicioso configurado por la fórmula manejo de fondos/ejercicio del poder. En ellos, los gobernantes, en una no muy siempre clara actitud mesiánica de defender al “pueblo”, a los “desprotegidos”, a los “pobres”, cometen execrables actos de latrocinio. El control social brilla por su ausencia.

“El ojo del amo engorda el ganado” es una frase que, como refrán que es, condensa sabiduría milenaria de la humanidad y es la expresión que refleja el derecho a cuidar y utilizar según el buen saber y entender lo que es de cada uno. Si los argentinos no aciertan a poner el suyo en lo que le corresponde, la flacura y debilidad en todos los aspectos estarán siempre presente en su cotidianeidad y lo que es peor, en su futuro. Y no solamente les corresponde lo que individualmente son capaces de lograr; también son propietarios colectivamente de los recursos sociales que están destinados a satisfacer las necesidades colectivas y/o las que, por decisión comunitaria y/o imperio de la organización social por la que se optare, se ponen a cargo de los órganos gubernamentales que implementan las normas del ordenamiento social. En esta categoría se ubican la salud e instrucción pública, la seguridad patrimonial y personal de los habitantes, la administración de la justicia, la preservación del medio ambiente, la defensa.

Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Martín Rodríguez, luego de varios intentos (el primero de los cuales lo llevó a cabo cuando era funcionario del Primer Triunvirato), abolió la autoridad de los cabildos (gobiernos locales) en la Provincia Buenos Aires; hecho que posteriormente se reeditó en todo el territorio nacional. Con la desaparición de los cabildos, que era la ancestral forma de gobierno propio de cada comunidad y muestra neta de federalismo, en Argentina dejó de tener vigencia la expresión de democracia que constituían.

A partir de entonces empezó el largo proceso, aún vigente, de dilapidación de miles y miles de años de experiencia humana que tiende, cuando es bien aprovechada, a mejorar la calidad de vida. Las olas inmigratorias de finales del Siglo XIX y principios del XX produjeron un enriquecimiento de aquellos milenarios valores culturales que aportó Europa. Sin embargo, pronto se vieron desdibujados y en la actualidad estamos muy lejos los argentinos de poseerlos. Especialmente, no tenemos una organización social que sea garantía de los derechos humanos. Quizás podamos decir que la plenitud de ello se consigue cuando el habitante está en condiciones de alcanzar, si se lo propone, una buena calidad de vida acorde con el grado de civilización alcanzado por la humanidad y pueda participar en el control social. La democracia, que implica federalismo, es una muy buena herramienta para lograrlo.

Por sus frutos los conoceréis

Por: César Ramón Cuello

Arréglese al estado como se conduce a la familia.Con autoridad, competencia y buen ejemplo.

Confucio

Los frutos

Es opinión pública velada que la calidad media del pueblo argentino deja mucho que desear. El origen de esa opinión tiene basamento fáctico en los magros frutos obtenidos en los últimos doscientos años respecto de Argentina en cuanto a su importancia como país dentro del concierto de las naciones, la riqueza que genera su economía, la dimensión demográfica, la calidad de vida de su pueblo, el respeto por las normas que supuestamente deben regir la relación de los habitantes con la sociedad y entre sí, la estabilidad institucional, el sostenimiento y avance del sistema de instrucción, la seguridad personal y patrimonial de los habitantes, el sistema sanitario, la  calidad del poder judicial. Resulta paradójico que luego del largo período señalado no se haya constituido una nación fuerte y poderosa teniendo en cuenta los recursos que le brinda el territorio sobre el cual posan sus pies los argentinos. Evidentemente no se han obtenido buenos resultados.

Alternativamente se echan culpas según sea la época y las circunstancias que la rodean. Los políticos especialmente son los destinatarios de la adjetivación, que los califica como corruptos e incapaces y de los más variados epítetos dichos en público o privado. En realidad son ellos la punta de iceberg; pero por debajo de la línea de flotación se encuentran todos los sectores sociales que, medrando o no de las medidas que ellos toman, son esa especie de camaradas con los que es necesario contar y sin los cuales no es posible consumar estados de situación que no dejan de ser perniciosos y no permiten alcanzar un aceptable grado de excelencia.

Desgranando el concepto se podría decir que, efectivamente, del seno de la población argentina no surgió la cantidad necesaria de buenos dirigentes políticos que orientaran el accionar del Estado en la dirección que llevara al país hacia el progreso sostenido y que el mismo tuviera a toda la población como beneficiaria. El estatismo populista en el que sumieron al país en las últimas décadas produjo el estallido de bochornosos casos de corrupción muchos de los cuales ni siquiera se tienen noticias; además, motivó la falta de avance relativo, sino retroceso,  no sólo en lo económico sino también en lo demográfico, tecnológico, sanitario, capacitación y enseñanza y lo que es notorio y dramático, en seguridad personal y patrimonial. Tampoco emergió una clase empresarial que fuera el “alma mater” del desarrollo del aparato productivo que generara la riqueza suficiente para sostener aquel progreso en el cual la investigación y el desarrollo jugaran un importante papel. El prebendismo fue el signo preponderante en los sectores más importantes.

 El mismo mezquino resultado se ha obtenido con las organizaciones sindicales respecto de su dirigencia. La orientación estuvo y está enfocada en obtener privilegios sectoriales en lugar de beneficios sociales, que a su vez produjeron un escandaloso enriquecimiento de la casi totalidad de sus encumbrados dirigentes.

El pueblo argentino no produjo militares que sobresalieran por su eficacia a la hora de su pretendido accionar en pos de la “reconstrucción nacional” y la “salvación moral de la Patria”.  Desde el mismo momento en que los ingleses proveyeran el armamento  para que los patriotas de 1810 pudieran exhibir la fuerza suficiente para desplazar al virrey Cisneros y el golpe de Estado que San Martín produjo para destronar al Primer Triunvirato e instalar en el mismo a conspicuos miembros de la Logia Lautaro, los uniformados no han dado nada más que muestras de su incompetencia para gobernar al amparo de la organización que poseemos.

En el plano de la administración de justicia se debe aceptar que los jueces, surgidos también del pueblo argentino como los protagonistas señalados más arriba, no gozan del prestigio que debiera exhibir su magistratura y que son tachados de ser tan corruptos como los políticos aunque se admita que no todos lo sean.

 Las cuatro patas que sostuvieron y sostienen el plano del poder no pudieron, o no supieron, o no quisieron (o los tres conceptos juntos) darle forma a un gran país.

¿Es entonces el pueblo argentino el culpable? A nadie más podríamos asignarle culpas. Pero, ¿es posible pensar que masiva y deliberadamente se pueden cometer los errores suficientes para obtener tan malos resultados? Es difícil aceptar que una sociedad compuesta por inmigrantes provenientes de la Vieja Europa, que alberga más de seis mil años de acumulación cultural, no haya aprovechado sus valores. Como los hechos demuestran que ello fue así, se puede expresar sin temor de incurrir en una equivocación que se ha dilapidado un inmenso tesoro, constituido por los elementos al que le dieron forma miles de años. Más de seis milenios de experiencia sin aprovechar. Ante este panorama trazado se torna difícil encontrar una explicación racional al caso argentino.

No obstante, es posible indicar algunos factores que contribuyeron a que se consumara lo acontecido. Para ello debemos coincidir en que el trabajo fecundo y la creatividad como elementos tangibles, sumados a los valores de rectitud moral, configuran la capacidad de los pueblos para desarrollarse bajo el imperio de la ley y el orden. El argentino, individualmente tratados sus miembros y en la medida que son humanos racionales, posee todos los elementos para ello. El problema consiste en que no se dan las condiciones para desarrollarse plenamente con su trabajo y su facultades creativas; y se encuentra en un medio donde existe inestabilidad institucionalidad y legal.

Para interpretar esta aseveración útil es tener en cuenta la inexorable relación de que existe entre las condiciones socioeconómicas con los elementos culturales. Es decir, según sea la concepción que se tenga de cómo organizar la vida comunitaria, la obtención de recursos sociales, su asignación y administración, así serán los resultados que se obtengan. Luego, los roles lo cumplen el funcionamiento y dimensión de la economía y la forma de gobierno. La primera debe estar en condiciones de brindar los recursos necesarios y la población debe identificarse con la manera de obtenerlos, asignarlos y utilizarlos, que es parte fundamental de la forma de gobernar que, a su vez, debe permitir la participación responsable porque de lo contrario “no se puede esperar que el individuo desarrolle una actitud activa en la vida ni un concepto positivo de su propio papel”.

La República Argentina está en falencia en ambos aspectos

La organización económica y social.

Su economía tiene muy poca rentabilidad. No supera los seis mil dólares por habitante y por año (frente a los más de cincuenta de las mejores naciones). No se recurrió para su desarrollo a implementar fácticamente la mejor manera de producir de que se tenga noticia: el capitalismo con el sistema de precios determinándose en el mercado; reconociendo absolutamente la libertad y su expresión económica cual es la propiedad privada; donde miles de unidades productivas en libertad y competencia determinan, mediante la coordinación de los factores de la producción, qué, cómo, cuándo y para quién producir. El espíritu de lucro y la creatividad empresarial en libertad ha sido siempre lo que mejores resultados prodigó. El estatismo populista, rara mezcla híbrida nazi fascista marxistoide ha cercenado las virtudes que posee la humanidad para producir. Por lo tanto no puede entregar nada más que una pobre retribución global a los factores de la producción, entre ellos salarios pobres.

De esta manera, en Argentina, la recaudación fiscal genuina no supera los mil ochocientos dólares por habitante y por año, a partir de lo cual el Estado ofrece hospitales y atención sanitaria de pobres, escuelas y servicio de instrucción de pobres, seguridad de pobres, justicia de pobres. Frente a este escenario resultan como absolutamente desencajadas de la realidad las demandas que a diario se suceden en pro de mejoras salariales, viviendas dignas, mayor seguridad y de toda otra pretensión en cualquier aspecto que signifique mejorar la calidad de los habitantes. Vanas pretensiones de cobertura imposible. Al menos en el corto y mediano plazo.

Respecto de la forma de recaudar recursos sociales y su utilización el panorama no es el mejor. El sistema unitario centralizado de gobierno provoca una altísima concentración en la recaudación impositiva (tanto en el orden nacional como en el provincial) que, va de suyo, genera un inmenso poder de decisión centralizado en la asignación y erogación de los recursos sociales, que se traduce en hechos perniciosos de distintas naturaleza: cohecho (coimas), extorsión, latrocinio. Poder que también tiene sus efectos en generar una estructura legal que contribuye a mantener y/o aumentar el omnímodo poder, que despoja absolutamente de la cuota de participación que en una democracia corresponde a los ciudadanos.

La traba que evita el desarrollo grupal e individual pretendidos, que traducido debe entenderse como participación, es la organización dentro de la cual tiene su vivencia la población en Argentina. En nuestro país no existe la democracia, que esencialmente consiste en permitir la participación ciudadana y el control social.

Democracia

 Recordemos que democracia significa “gobierno de los pueblos”, tal la definición de Pericles en su famoso discurso donde institucionalizó el término. En esa oportunidad asignó ese nombre al gobierno central de Grecia: la Asamblea de los Quinientos o Cuatrocientos (ya que según la época estuvo constituida por cincuenta o cuarenta representantes de cada uno de los diez “demos” o pueblos, que era el número de las divisiones políticas), que únicamente trataba temas que involucraban al conjunto de aquellos demos.

En éstos se ejercía el gobierno directamente por los ciudadanos en las Asambleas locales donde el control social en cuanto a las medidas de gobierno podía verificarse fácilmente dada la cercanía en el espacio y en el tiempo. Medidas que, por supuesto, tenían que ver con la recaudación de los recursos sociales, su asignación y utilización.  La dimensión geográfica y el número de habitantes que permitía dicha manera de gobernarse cada demo, nos ubican claramente para asimilar la idea de dicha unidad política al concepto de municipio, comuna, cantón o condado de la actualidad. Así, democracia es sinónimo de federalismo.

 Fue tan eficiente y eficaz esa vieja manera de organizar a la sociedad (le proporcionó poder a Grecia para dominar el entonces mundo conocido) que las naciones que hoy están en la primera línea de la civilización y el progreso, la mantienen. Los gobiernos de condados o cantones tienen que ver con la obtención de recursos para satisfacer las necesidades de instrucción, salud, seguridad y justicia, generación de empleo, mantenimiento del medio ambiente, de sus respectivas poblaciones.

El sistema en Argentina

El sistema argentino de gobierno consiste en elegir popularmente cada determinado período a los “mandamás” de gobiernos centralizados, los que a partir del momento de su elección pasan a formar parte de una “monarquía absoluta constitucional temporaria”. Una negación, también absoluta, de la democracia. Con agravante de que la mayoría de los funcionarios, sea cual fuere el nivel que ocupen, pasan a considerarse así mismo como monarcas, sentados en los tronos asignados y disponiendo “a piacere”, y en beneficio propio, buena parte de los recursos que proveen los contribuyentes.

 La organización socio política de Argentina no permite la participación ni el control social en todos los estamentos. La población es clientela cautiva en todos los órdenes. La pretendida protección mesiánica ejercida por todo tipo de dirigente social, público o privado, ha hechos estragos en la integridad social. Todo al amparo de constituciones unitarias que no reconocen la autonomía de los pueblos para gobernarse, con el emblema de la Constitución Nacional devenida en mamarracho a partir de 1994. Entonces se institucionalizó la centralización de la recaudación impositiva, es decir, de los recursos para que la sociedad funcione en forma organizada, a través de impuestos directos que estaban prohibidos por la de 1853. Y se eliminó la democrática forma de elegir presidente a través de los representantes de las provincias en el Colegio Electoral Nacional utilizando el eufemismo de “elección directa por el pueblo”.

Qué hacer

El resultado de dos centurias de país independiente no es el mejor. Ni siquiera se acerca al modelo que quizás imaginaron los hombres de buena voluntad que propugnaron nuestra independencia. La economía no tiene capacidad para dar trabajo a todos los habitantes y los argentinos, por décadas y décadas, han tenido y tienen en la actualidad, que asistir a la orgullosa y falsa declamación de gobernantes que se jactan, entre otras burdas manifestaciones, de falsos progresos y otras “conquistas sociales”, de ayudar a los “pobres” otorgando migajas de subsidios que son exponentes de pobreza y desgobierno;  pan para hoy y hambre para mañana, cuando necesariamente sobrevenga el sinceramiento circunstancial.

Sino avergonzarnos, los argentinos debemos levantar la mirada y tratar de otear el pasado hasta el día de ayer. Así vamos a entender este presente y estaremos en condiciones de proyectar el futuro. Pero debemos levantar la mirada para observar lo acontecido en milenios en el seno de la humanidad. Así podremos percibir que la combinación de gobiernos locales con economía de mercado y la presencia de un Estado lo suficientemente fuerte para evitar distorsiones, privilegios sectoriales y abusos, ha sido lo mejor hasta ahora.

Debemos ser lo suficientemente inteligentes como para aprehender que el unitarismo al cual estamos sometidos hace posible una dispersión de esfuerzo que es la contracara de la administración con excelencia y calidad. Porque con el bonaportismo con que se gobierna nuestro país, con absurdas actitudes mesiánicas de funcionarios, desde el primero hasta el último, ofreciendo retóricamente la solución a todos los problemas (los cotidianos de los vecinos, de trabajo, vivienda, salud, seguridad, instrucción, ambiente, esparcimiento, energía, infraestructura, etc., desde un único lugar como la Capital de la Nación o de las Provincias) al final no hacen nada, dispersando el esfuerzo que puede hacerse con los magros recursos que poseemos en la actualidad y promoviendo con dicho manejo gigantescos focos de corrupción. Por el contrario, La concentración de esfuerzos facilita enormemente la obtención de buenos resultados.

En consecuencia, es inteligente concentrar esfuerzo asignando funciones y responsabilidades a quiénes pueden obtener los mejores resultados. Y como el ojo engorda el ganado, las funciones que están al alcance de los vecinos deben dejarse en sus manos para que obtengan los recursos, los asignen y los inviertan. Y poner la organización de la producción en las de los que saben hacerlo: los empresarios. Todo actuando como los griegos, inventores de la democracia moderna, haciendo responsable al gobierno central únicamente de las grandes cuestiones que involucren a todos las provincias,  como defensa nacional, relaciones exteriores (que incluye manejar herramientas para promover relaciones comerciales y financieras convenientes), planificación, desarrollo y ejecución de obras de interconexión nacional en energía, comunicaciones, transporte, etc. De manera tal que, concentrando esfuerzos donde corresponda, se obtengan los resultados esperados que debe entenderse como obtener alta calidad de vida.

El unitarismo, que es sinónimo de centralismo, es un factor determinante de la corrupción, el flagelo que lo destruye todo. De ahí entonces la importancia de indagar sobre qué tipo de organización debe tener el dispositivo social.

Es posible señalar que debe ajustarse a la naturaleza del ser humano antes que esperar que los dirigentes respeten graciosamente los derechos y atiendan las necesidades ciudadanas, habida cuenta de la facilidad con que se corrompen. Una organización social adecuada, una economía que produzca todos los bienes y servicios de los que es capaz de proporcionar el grado de civilización alcanzado, una razonable y justa distribución de la riqueza y un hábitat liberado de la contaminación ambiental y el hacinamiento, son las claves para obtener una buena calidad de vida.

La premisa para que en el futuro avancemos en busca de esa excelencia es descomprimir la concentración de poder político y financiero que hoy en día tiene vigencia a nivel nacional y provincial con el objeto de evitar la corrupción y la dispersión del esfuerzo que es contrario a la buena administración.

Anotemos, eso sí, que la regionalización actualmente en ciernes en la provincia Buenos Aires, no hará nada más que perfeccionar el centralismo por cuanto  la obtención y asignación de los recursos, que es su base y esencia,   permanecerá centralizada. No desaparecerá el unitarismo que deja de lado la participación ciudadana y el control social estará ausente como lo está en la actualidad. En vez de aprovechar la regionalización que ya existe (134 partidos) para reconocer derechos y asignar responsabilidades, se arbitrará nuevas formas administrativas agregando una capa más al encebollado sistema burocrático, sumando más costos sociales sobre las espaldas de los contribuyentes.

Observemos el pasado hasta ayer. En 1880 Leandro N. Alem alertó sobre la perniciosa concentración de poder que iba a significar la federalización de la ciudad Buenos Aires. Ezequiel Martínez Estrada lo corroboró en 1941 al descalificar el macro encefalismo de la Capital Federal en su monumental pequeña obra “La Cabeza de Goliat”. En ella dejó escrito: “No hicimos un gran país. Solamente una gran ciudad”. Los argentinos todavía tenemos una materia sin rendir: la de construir una gran Nación.

Recordemos la sentencia de Jesucristo: “Por sus frutos los conoceréis”.

Escraches

Por Césr Ramón Cuello

Una de las acepciones que la Real Academia Española otorga al verbo participar es “tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de ello”.

Esto viene a cuento porque como un argumento base para estudiar los “escraches” en la materia Política y Ciudadanía, que se dicta en las escuelas secundarias de la provincia Buenos Aires, se le asigna la categoría de “modalidad de participación política” lo mismo que a los “piquetes” y “pintadas”.

Bien puede especificarse que “escrache” se refiere a una gestión de grupo, de los tantos que compiten para lograr, o mantener, el poder de decidir sobre aspectos de la vida en sociedad; básicamente en el manejo de los dineros públicos que en nuestro país tiene la característica de estar casi absolutamente centralizados. También puede especificarse que ese manejo se lleva a cabo mediante la instrumentación de políticas que son “orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado”.

La palabra “escrache” no figura en el Diccionario de la RAE. En los hechos se trata de una manifestación realizada por un grupo de personas consistente en cánticos, gritos, insultos e incluso algún tipo de agresión física o verbal a una o más personas frente a su domicilio, lugar de trabajo u otro, desaprobando actitudes o expresiones. Ninguna diferencia con el pogromo la “Noche de los cristales rotos” que fue el punto de partida de los nazis que los condujo al holocausto; ni con la “Noche de los Bastones Largos” que es una de las máculas que soportó hasta su muerte un dictador argentino. Nada que signifique un aporte positivo para el acervo o al mejoramiento de la calidad de vida.

Por otra parte los “piquetes” en Argentina son grupos de personas que violentamente, impidiendo el tránsito de personas y vehículos en calles y rutas, intentan imponer o mantener un estado de cosas favorable a sus intereses particulares desatendiendo el general que es uno de los pilares donde se asienta la vida en sociedad; son hechos que la legislación los considera un delito. También la legislación considera un delito a la falta de respeto del derecho a la propiedad privada que se ve menoscabado con las “pintadas” en muros de casas particulares y ocasionan un deterioro de los bienes públicos cuando se realizan en edificios del Estado; deterioro que deben pagar los ciudadanos con la tributación de impuestos.

“Escraches”, “piquetes” y “pintadas” no pasan de ser una pobre manifestación cultural; constituyen una transgresión a la ley. En este aspecto deben ser estudiados y no como una “modalidad de participación política”.

La participación en los escraches no va más allá de haber participado, cada individuo, en la conformación del número de los “escrachantes”, sin que ello signifique haber participado en la toma de decisión previa ni ser beneficiario o actor de las consecuencias que devinieren. Lo mismo ocurre en el caso de los “piquetes” y “pintadas”. Es que no podría ser de otra manera si tenemos en cuenta el grado de participación que poseen los ciudadanos en nuestra organización social en el cabal sentido mencionado por la RAE. La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos está dada por el tipo de organización que poseen, por la forma de gobierno. La organización social está relacionada íntimamente con la actitud de sus miembros. Pero esa actitud a su vez, depende recíprocamente de cómo la organización de la comunidad trate al ciudadano. “Si sus partes funcionan de manera negligente y no dan estímulo ni oportunidad al pueblo para identificarse con ella en general y participar en forma responsable en particular, no se puede esperar que el individuo desarrolle una actitud activa en la vida ni un concepto positivo de su propio papel”. (Caroline F. Ware "Organización de la Comunidad para el Bienestar Social").

Dada la conformación centralista, unitaria, de nuestra organización comunitaria la falta de participación del ciudadano en los negocios públicos es proverbial y así se genera la falta de identificación y de participación responsable. De esta manera impera el conocido “no te metás”, que es una expresión negativa de nuestra cultura.

Luego, el intento de institucionalizar la enseñanza en los términos mencionados en el proyecto que se comenta no pasa de ser una falacia. Porque en el estado actual la participación se ubica en el plano de lo abstracto. El ciudadano no tiene ningún grado de participación en la toma de decisiones respecto de la asignación de recursos y su administración con relación a los temas seguridad, instrucción, salud y justicia que son los aspectos fundamentales de la organización social. Las decisiones en este aspecto se toman en centros de poder ubicados muy lejos y son inaccesibles al control social

La participación del ciudadano se da en los pueblos donde la administración de los recursos sociales reside en el municipio, condado o cantón Huelga la probanza de esta afirmación; es notoria en las naciones que están en la punta de la civilización. Allí donde funciona el sistema municipal (federalismo y democracia por excelencia), se han obtenido los mejores resultados.

Los autores del proyecto de marras, en tanto se refieren a la participación popular, bien podrían haber solicitado a los padres de los educandos su opinión respecto de lo que proponen realizar. Lo más probable es que se llevarían una sorpresa mayúscula.

Lo cierto es que con su actitud están negando el principio de participación al que aluden. Están asumiendo una actitud tiránica ya que están haciendo un abuso de autoridad que les confiere la pésima organización social que poseemos. Y con ello están negando el desarrollo de una actitud activa de los ciudadanos padres, es decir, lo contrario de lo que pregonan.

La plata, 23 de febrero de 2011

Algo cambia…para que todo siga peor

Por César Ramón Cuello

El título de esta nota, construido a partir de una deformación de la conocida expresión gatopardista, no pretende nada más que aprovecharse de la conclusión a la que llegó el autor de El Gatopardo quién, haciendo uso del conocimiento de la naturaleza humana, la ubicó en la ficción junto con la realidad circundante. Hizo que el protagonista lograra mantenerse en sus posiciones haciendo uso de las debilidades ajenas, incluidas las morales. Al detenerse en un momento dado el curso modificador de su conducta, la parálisis significó un retroceso en las pretensiones de los que, con buena fe, anhelaban un cambio vivificador. Si detenerse es retroceder, entonces ni siquiera nada continúa igual, todo es para peor.

El razonamiento es de fácil adaptación a la propuesta división de la Provincia Buenos Aires en siete regiones administrativas. División que significaría agravar aún más los magros resultados que se obtienen a partir de la organización socio política del mayor estado de la unitaria República Argentina, donde el centralismo rige en toda su medida. Al mejor estilo gatopardista, se pretende hacer uso de la debilidad institucional que hace vulnerable el andamiaje de la estructura social.

Por supuesto, para su sostén se esgrime la falacia que ello daría lugar a mejorar los resultados que obtendría el gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Dividir para concentrar puede aparecer como una expresión paradójica. No tanto como si fuera una idea extraña o un absurdo con apariencia de algo con sentido común, sino porque realmente contiene una gran contradicción ya que dividir en términos racionales jamás puede admitirse como una acción que tiende a concentrar.

Sin embargo, esto y no otra cosa es lo que se ha planteado con la pretendida regionalización. Predicar desconcentración convierte en paradoja el propósito de dividir en regiones administrativas a la Provincia Buenos Aires.

Porque no sería más que acentuar los efectos del centralismo, en la medida que no se plantea una descentralización en la recaudación de los recursos y en la toma de decisiones para su asignación y posterior inversión. Por el contrario, se tiende a perfeccionar el centralismo extrayendo lo mejor de éste como si lo tuviera.

No se vislumbra ningún tipo de evidencia que ponga de manifiesto que la intención es dejar en manos de los habitantes de cada región la administración propiamente dicha. Es decir, obtener los recursos, asignarlos y administrar su erogación, disponiendo que cada comunidad asuma el derecho, la responsabilidad y el deber de administrarse.

Lo propuesto no cumple con el significado de desconcentrar, que es distribuir o repartir entre varios algo que está concentrado previamente en un lugar, o hacer lo propio con lo que es responsabilidad de uno sólo. Al contrario, se trataría de agregar una capa más a la voluminosa burocracia, conformada cual una gran cebolla que, con la utilización de los nutrientes que toma del suelo, se va convirtiendo en un gigantesco bulbo.

La concentración que impera en la provincia Buenos Aires se traduce en tres tipos de acciones:

1. Obtención de recursos (Recaudación impositiva genuina, coparticipación y endeudamiento)


2. Asignación de Recursos (Presupuesto de Gastos)


3. Ejecución del Cálculo de Recursos (Ejecución Presupuestaria)

En este contexto se prevé obtener durante el Ejercicio 2011 recursos por más de ochenta y tres mil millones de pesos, que se asignarán según los ítems contenidos en el plan de gastos (Presupuesto). También se administrarán alrededor de quinientos mil recursos humanos (planta permanente, transitoria y contratada), sobre un total de quince millones de habitantes distribuidos en más de trescientos mil kilómetros cuadrados.

¿Tarea ciclópea? Más que ello, prácticamente imposible de lograr con eficiencia y menos con eficacia y economía. En estas condiciones, el control se escapa como el agua entre los dedos. Ergo, la corrupción muy agradecida.

De lo que no debe dudarse es que la propuesta de división ha surgido como consecuencia de la toma de conciencia de la falta de resultados, que es notoria en la provincia:

• Agudas falencias en el servicio de instrucción y salud pública


• Ineficiencia y falta de eficacia en las fuerzas de seguridad


• Sistema judicial prácticamente al borde del colapso


• Red caminera en mal estado y sin pavimentar casi toda


• Demanda habitacional sin cobertura


• Presencia cada vez más notoria y numerosa de asentamientos informales (“villas”)


• Estado de indefensión de la población frente al flagelo del delito que cada día que pasa cobra más víctimas fatales


No se trata de señalar falta de idoneidad de los funcionarios, cosa que de ninguna manera pretendemos poner de manifiesto aunque existiere en algunos casos. La inoperatividad proviene del hecho de no poder ejecutar tamaña tarea en forma centralizada.


Hace más de setenta años que en el Acta de Atenas los urbanistas hicieron conocer su conclusión de que los conglomerados humanos empiezan a tener problemas cuando sobrepasan el número de doscientos mil habitantes. Y que se hacen ingobernables cuando superan el millón.


La obtención de recursos para atender las necesidades sociales, su cobertura y el control sobre el gasto se ajustan al mismo criterio. La dimensión territorial y el número de habitantes son inversamente proporcionales a la eficiencia (manera de hacer las cosas), la eficacia (alcanzar los objetivos) y la economía (obtener el menor costo social posible).


Es fácticamente imposible administrar centralizadamente con eficiencia, eficacia y economía toda la tarea que tiene a su cargo el gobierno provincial, centralista unitario, sintéticamente expresada en los siguientes puntos:

• Servicio de instrucción pública con quince mil establecimientos a cargo


• Servicio de seguridad con setecientos cuarenta dependencias policiales


• Servicio de salud pública con setenta y siete hospitales


• Servicio de justicia con más de dos mil dependencias judiciales (Corte, Cámaras, Juzgados Civiles, Penales y de Paz, Fiscalías, Tribunales de Trabajo, Tribunales de Responsabilidad Juvenil)


• Servicio penitenciario con cincuenta y cuatro cárceles y treinta mil internos


• Servicios catastrales y de registración inmobiliaria con nueve millones de parcelas


• Servicios de agua potable y cloacas


• Servicios de transporte ferroviario


• Servicios portuarios


• Servicios de construcción de barcos


• Fomento de actividades artísticas y ambientales


• Fomento de industria, agricultura y ganadería


• Construcción de viviendas


• Construcción de caminos


• Administración y control de juegos de azar


• Servicios en Sistema de Seguridad Social (Medicina pre paga – IOMA - y jubilaciones)


El trabajo burocrático está enmarcado en:


• 11 Ministerios


• 6 Secretarías con rango de ministerio


• 7 Organismos de la Constitución


• 18 Organismos descentralizados consolidados


• 3 Organismos descentralizados no consolidados


• 2 Institutos de previsión social


• 1 Escribanía General de Gobierno


• 1 Asesoría General de Gobierno

El soporte de RRHH está constituido por quinientos mil agentes distribuidos en trescientos mil kilómetros cuadrados de superficie.

Se propone dividir lo dividido, por cuanto la Provincia Buenos Aires ya lo está en ciento treinta y cuatro municipios, con ciertas funciones que no alcanzan para caracterizar a un verdadero gobierno (1).

“Dame un punto de apoyo y sostendré la Tierra” es una frase ancestralmente atribuida al matemático siciliano Arquímedes. El sabio se refirió a que, para mover algo, sea cual fuere su peso, no se necesita mucha fuerza sino más bien disponer del conveniente y adecuado punto de apoyo. Más vale maña que fuerza diría el saber popular.

Llevada la idea de Arquímedes al campo de la vida en comunidad es posible afirmar que, si somos capaces de coordinar los factores que intervienen en el esfuerzo para lograr mejorar cada día la calidad de vida, es posible obtener buenos resultados.

La más fácil y antiguamente conocida es la que hace residir la responsabilidad en unidades operativas de poco tamaño territorial y reducido número de habitantes, que se constituyen en el punto de apoyo al que recurrió Arquímedes

Esos puntos de apoyo están en los municipios, verdaderos crisoles de democracia, donde el control social está presente. A ellos debe adjudicárseles la responsabilidad de obtener los recursos y ellos son lo que deben tener a su cargo la responsabilidad de la cobertura de las necesidades comunitarias. Nadie más que las propias personas, vecinos de cada partido, saben donde les aprieta el zapato.

Y si alguna o algunas de las ciento treinta y cuatro comunidades no resuelven adecuadamente sus necesidades y otras sí, no sería justo que éstas pagaran los platos rotos de las primeras, como sucede en los regímenes unitarios centralizadores.

Dividir en zonas administrativas a la provincia Buenos Aires, no hará sino consolidar el centralismo con nefastas consecuencias. Ilusoriamente se intenta que la eficiencia y eficacia fortalezcan el centralismo aunque no importe la economía.

Quizás lo peor es que se ignora el derecho y la capacidad de los vecinos para administrar su propio esfuerzo.

Así como el ojo del amo engorda el ganado, la historia nos demuestra que las comunidades con gobierno propio son las que progresaron. Con su aporte se construyeron naciones fuertes donde el progreso es signo distintivo. En los países donde no se recurrió a esta herramienta imperan el atraso, el hambre y la miseria.

Ni siquiera debiéramos considerar la absurda idea de dividir a la provincia en regiones administrativas centralizadas. Mejor vayamos hacia la democracia, encaminémonos hacia el gobierno de los pueblos, de los municipios, de los demos.

Es una manera de lograr iluminar el camino que recorrerán las generaciones futuras.

(1) Ver nota “Volver a los principios” publicada el 17/10/2010 y “Un poco menos de federalismo” publicada el 29/07/2010

Volver a los principios

Por César Ramón Cuello

El tema es viejo para nuestra concepción, para nuestra modesta pero incesante actitud de predicamento sobre cómo debe ser nuestra organización social para lograr la eficiencia (hacer bien las cosas), eficacia (lograr los objetivos) y economía (obtener el más bajo costo social posible), que nos lleve a poseer una calidad de vida aceptable en nuestras comunidades, acorde con el grado de civilización alcanzado por un importante sector de la humanidad.

Hace más de cuatro décadas que, a través de los medios que estuvieron a nuestro alcance, sostenemos que la mejor manera conocida para lograr aquellos resultados es que los vecinos de cada una de esas comunidades sean verdaderos protagonistas de la vida en sociedad. Y que esa manera consiste en adoptar en toda su medida el ejemplo de los griegos, que implantaron el “gobierno de los demos” (democracia), el gobierno de los municipios.

Se debe entender que “democracia” no significa que periódicamente se convoque a elecciones para elegir gobernantes en un sistema unitario y centralizado, como sucede en nuestra República Argentina. Porque más que el “gobierno del pueblo”, que podría considerarse como una expresión abstracta porque hace referencia a un vocablo (pueblo) sin clara identificación empírica, la democracia es el gobierno municipal, según la realidad (que es única verdad) política de los griegos.

En Grecia la denominación “democracia” surgió porque los demos (los diez municipios en que Clístenes dividió a Atenas) enviaban sus representantes a la Asamblea que los congregaba y donde discutían y tomaban decisiones sobre cuestiones que involucraban a todos aquellos demos. En esta instancia era el “gobierno de los demos”, una "democracia". Aquí se debe asimilar el vocablo “demos” al concepto “municipio”, dada la dimensión territorial y demográfica de los mismos. En cada uno de éstos, los ciudadanos en el Ágora decidían sobre todos los temas cotidianos que incidían sobre sus vidas.

Esa división política programada y ejecutada por los griegos produjo los beneficios del control social que pone freno a la corrupción, promovió la más adecuada asignación de recursos que son el fruto del esfuerzo de los ciudadanos, proporcionó la más rápida solución a los problemas emergentes debido a la cercanía en el tiempo y en el espacio de quiénes deben detectarlos, afrontarlos y resolverlos; y sobre todo indujo la participación de los ciudadanos, a quiénes no solamente les proporcionaba el reconocimiento de su dignidad, sino que también les cargaba la responsabilidad de asumir deberes antes que ejercer derechos. Este conjunto de factores le dio vida concreta al Don del Libre Albedrío que es la forma más acabada de la libertad, que a su vez es la fuente de creatividad más efectiva.

Las naciones que hoy lideran la civilización y las que la colocaron en el nivel que hoy se encuentra, nunca dejaron de tener en cuenta este concepto de democracia. Bajo la denominación de municipio, comuna, condado o cantón, ponen en manos de los ciudadanos la responsabilidad de obtener y administrar recursos, ejercer control y fijar objetivos dentro de sus propias comunidades. En cambio, los países que exhiben organización unitaria y centralizada son los que están a la cola en la fila de naciones y donde se obtienen resultados adversos respecto de los que espera la ciudadanía, esto es, dilapidación de recursos, impunidad de los corruptos, deterioro de la fortaleza cultural y social y lo que podría considerarse como inhumano: desconocimiento de la dignidad del ciudadano por ignorarlo como protagonista, todo lo cual provoca su vivencia en una particular forma de la esclavitud.

El progreso, el bienestar social, el amor a la Patria, la aceptación a las normas de convivencia, el respeto al semejante, la libertad, están presentes en los primeros. Todo lo contrario acontece en los segundos.

El gobierno municipal pleno (democracia) incluye que dentro del mismo tengan vida la obtención, asignación y administración de los recursos destinados a la instrucción, seguridad, salud y justicia de los habitantes. Éstos son los cuatro elementos básicos que proporcionan fortaleza a las comunidades. Junto a ellos, promover la creación y mantenimiento de los medios de vida (trabajo) y lograr el techo bajo el cual se albergan las familias, es la combinación ideal de factores. Lo demás viene por añadidura como reza el Libro de los Libros. No necesitan las comunidades de súper funcionarios que les manejen sus vidas y sus recursos. Nadie mejor que sus miembros para ello.

En estos días está en ciernes la creación de policías municipales en la provincia Buenos Aires, de las que ya existen algunas versiones. Si bien ello no implica que las comunidades asuman integralmente, como se debe asumir, el grave problema de la inseguridad personal y patrimonial que cada día que amanece acecha a los habitantes, es una expresión de que se estaría cumpliendo incipientemente el aserto que se está poniendo en boga: volver a los principios.

Debemos volver a los principios que enarbolaron los sabios que pisaron este planeta; que vieron cuál era la mejor manera de organizarse para vivir en sociedad; que validaron el reconocimiento de los derechos de los hombres; que este reconocimiento tiene que ver también con su protagonismo social real y efectivo junto a los deberes que deben cumplir.

Debemos reconocer entonces que cada comunidad tiene el derecho y la obligación de gobernarse, sin depender de tiránicos y totalitarios gobiernos centralizados. Es posible que de esta manera podamos construir sociedades donde el respeto a las normas legales y morales nos alejen del camino del delito, de la debilidad, del ocio, de la mal llamada “viveza criolla”; y nos señale el de la virtud, del trabajo fecundo, del esfuerzo superador.

Debemos vivir en democracia.

Un poco menos de Federalismo

Por: César Ramón Cuello

Hace unos días la presidenta argentina anunció que se implementará una licencia o registro para conducir único para todo el país. Es decir, se centralizará la función que todavía ejercen los municipios aunque existen Estados que lo tienen provincializado (Mendoza V.Gr.). Es decir, tendremos los argentinos un poco menos de federalismo.

Si ello sucede las provincias y municipios habrán renunciado una vez más a sus derechos y mostrarán que no son capaces de asumir su responsabilidad, admitiendo sumisamente el despojo en su integridad como unidad política organizada.

Algo similar ocurrió en los finales de la década de los cincuenta con el Registro del Automotor.

En aquella oportunidad se dio vida a esa grosera estructura para crear un registro de los vehículos que circulan por nuestras calles y rutas. Todo ocurrió unos meses antes de la entrega del poder por parte de los militares al presidente elegido por los argentinos, Arturo Frondizi.

En esa época de producían unos ochenta mil vehículos al año. En la actualidad el robo anual se acerca a la misma cifra.

La falaz excusa de evitar este delito sirvió para instalar espléndidamente un pingüe negocio que tiene una clientela cautiva por excelencia para prestarle un servicio absolutamente innecesario. La peor y más absurda aberración en un sistema económico. Agravada por el hecho de duplicar el costo de legitimar la propiedad de un bien en beneficio de los amigos del poder.

Los registros seccionales (que son entes privados regulados por el Ministerio de Justicia) se adjudican a socios o familiares de políticos cuando éstos no se los auto adjudican.

Con la aparición de los vehículos automotores se “inventó”, casi inmediatamente, a principios del Siglo XX, el impuesto a la riqueza que significa tributar por el derecho de tener uno de aquéllos.

En un principio dicha facultad de recaudación fiscal la ejercieron los municipios en nuestro país, institución que legitimaba la titularidad del bien. Alrededor de 1950 dicha facultad pasó a ser un derecho de los estados provinciales y cada vez más el impuesto a los automotores fue uno de los principales componentes de la recaudación fiscal.

Este hecho significó un paso más hacia la concentración de recursos y poder que se iniciara a principios de la década de los treinta, cuando se sancionó el Impuesto a los Réditos (hoy Impuesto a las Ganancias) y que iba a tener vigencia por solamente un año, ya que la Constitución Nacional no permitía la instauración de impuesto directos. Y como siempre, en Argentina lo coyuntural pasó a ser estructural. El impuesto a las ganancias es permanente, actualmente con categoría constitucional.

Recursos y Poder son dos elementos que se alimentan recíprocamente. Juntos representan el peor de los peligros respecto de la posibilidad de generar hechos tan perniciosos como la corrupción de gobernantes, negación de la libertad individual y del derecho a la propiedad privada. Siendo éstos últimos los pilares fundamentales en los que se asienta la civilización a partir de su reconocimiento luego de haber sido superada la postración de occidente en la que había caído durante la Edad Media.

Durante este período histórico, tanto los recursos naturales como la riqueza que producían estaban en poder de muy pocas manos, siendo las más importantes los monarcas y señores feudales.

Superada la concentración de riqueza y poder monárquico y feudal con la transferencia del poder político a los sistemas republicanos y la riqueza a manos de los que ejercen actividad económica en todos los niveles (propietarios, empresarios, trabajadores), sobrevino un fenómeno social que significó la reedición del funcionamiento político democrático. Entendiendo por Democracia al “gobierno de los pueblos”, tal como aconteció en Grecia cuando los representantes de los Demos constituían la Asamblea que decidía sobre el destino de las comunidades.

Cada Demo decidía sobre sus necesidades sociales, depositando en el pueblo la toma de decisiones y el manejo de la riqueza local. El control social se ejercía absolutamente sobre los políticos y sus manejos, en la unidad política menor, apelando a la cercanía de los hechos tanto en el tiempo como en la distancia. Todo un exponente de la sabiduría griega.

En nuestros días, los países cuyas siluetas se distinguen en lo más alto del Concierto de Naciones, son aquellos que no renunciaron nunca a dejar el control en lejanas manos, concentradoras de riqueza y poder. Condados, cantones, municipios y comunas administran sus propios recursos y disponen sobre la cobertura de sus necesidades sociales.

Quizás valga el ejemplo rotundo de un pequeño país europeo: Luxemburgo. Políticamente está dividido en tres (3) distritos, éstos en doce (12) cantones los cuales a su vez contienen ciento dieciocho (118) comunas. El número total de habitantes no supera los quinientos mil, lo cual proporciona una población de poco más de cuatro mil por comuna.

Pero, el resultado más prodigioso de esta organización social, con una gran y efectiva descentralización del poder, que incluye el manejo y control de la riqueza social muy cerca de los vecinos, es que Luxemburgo posee el privilegio de ser la comunidad que posee la economía más productiva del planeta: ochenta mil dólares por habitante y por año. Casi el doble de varios de los que se encuentra a la zaga. Con ello se logra un elevado nivel en la calidad de vida. La instrucción, la medicina preventiva y curativa, la seguridad, la justicia, la infraestructura social y los servicios, gozan de buena salud.

En Argentina vamos a dar un pasito más en la ya ancestral tendencia a la centralización, al unitarismo, poniendo en manos del Estado Nacional el otorgamiento de las licencias para conducir y el manejo de los recursos que de ello deriva. Al mejor estilo monárquico. Otro factor de cercenamiento de los derechos de los ciudadanos y un alejamiento mayor de éstos respecto del deber de hacerse cargo de sus responsabilidades.

Así nos va. Hace mucho tiempo que no podemos superar los cinco mil dólares por habitante y por año. Unas quince veces menos que el pequeño Ducado de Luxemburgo.