Disparates II

Por César Ramón Cuello

Informalmente circula desde siempre en el ámbito castrense, el dicho “el superior siempre tiene razón y más cuando no la tiene”. Esta aseveración, que también tiene vigencia implícita en todos los perímetros sujetos a una organización, marca la necesaria subordinación al orden disciplinario y jerárquico para humanamente garantizar el funcionamiento orgánico de los grupos que se conforman para lograr determinados fines. Ello con el propósito cierto de concretar otro principio básico de la administración: evitar la dispersión de esfuerzos o, lo que es lo mismo, conseguir la concentración de esfuerzos para obtener eficiencia y eficacia en los procedimientos.

Llama poderosamente la atención entonces que la más alta autoridad de la Nación en el orden de la instrucción pública no tenga en cuenta estos principios en la ejecución de su mandato; esto es, tratar de encauzar su gestión dentro del respeto al orden jerárquico funcional aprovechando al máximo posible los recursos de los cuales se dispone. Es que no solamente administra bienes materiales sino también la más preciosa reserva para garantizar el futuro de nuestra sociedad: los educandos (niños y jóvenes); que necesitan pertrecharse de los valores que proporciona el conocimiento para asumir en la adultez las roles propios de las distintas funciones que asuman. Tal el objetivo de la instrucción. La educación se recibe en el hogar.

Esta fala de atención a lo que es norma se puso de manifiesto con motivo del asalto, más que “toma” (porque aplicar este término sería un eufemismo que no debería aceptarse en este caso), que los propios alumnos perpetraron en los colegios donde se supone deben concurrir para recibir instrucción, para adquirir conocimientos.

Las leyes, escribió genialmente Montesqueau, son las relaciones necesarias que surgen de la naturaleza de las cosas. Luego debe admitirse que cada organización tiene las propias en la medida que parten de su naturaleza. Las que reglamentan el funcionamiento de un establecimiento de instrucción, si la aseveración de Montesqueau es cierta, y así se lo ha entendido por siempre, deben ajustarse a su esencia, a su naturaleza. En  consecuencia, dentro de su tramado, todos y cada uno de los protagonistas que le dan vida a la institución, deben cumplir con su rol. Los directivos para conducir administrativamente, los docentes para instruir, el personal de mantenimiento y limpieza para mantener adecuadamente la infraestructura y los alumnos para recibir y asimilar conocimientos. Tradicionalmente, y al parecer no hay razones para que ello cambie, esta estructura de funciones está institucionalizada; cosa que normalmente se internaliza por los actores y se respeta. No hacerlo sería desvirtuar, desnaturalizar o quizás mejor dicho pervertir los objetivos de la institución. Por el contrario, aceptar y luego respetar la institucionalidad significa la posibilidad de mantenerla fortificada y de acrecentar su eficiencia y eficacia a medida que se le pueda ir incorporando valores positivos.

Admitir y celebrar como una “cocina de participación democrática” el asalto perpetrado y garantía de que no “vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en el pasado”, va derecho al desmantelamiento de la institucionalidad que hemos señalado. Porque al colegio se concurre para recibir conocimientos y no para que aquellos que deban cumplir un rol determinado (en este caso recibir conocimientos) se pretendan arrogar otros que no les están asignados de acuerdo a la naturaleza y leyes de la institución.

Quizás el ministro eso desee: destruir lo que fue un sagrado lugar para incorporar conocimientos (para realizar algo distinto existe el lugar respectivo en cada caso) y que también desee que no volvamos a tener el sistema de instrucción que nos llevó al primer lugar en nuestra América Latina (hoy estamos en el sexto lugar). Es muy probable que esto así sea ya que en sus declaraciones radiofónicas dijo que “hoy se educa (sic) (debió decir “instruye”) de otra manera”. “Antes, cuando entraba el profesor, los alumnos se ponían de pie y quizás el docente no merecía ese trato”.

Esta última afirmación es una prueba de sus supuestos designios; porque los alumnos se ponían de pie no tanto por respecto a la personalidad del profesor (que en su vida privada o pública podría ser tachado negativamente) sino por consideración a la “institución profesor” que representa en ese momento y durante el transcurso de la clase. Quizás por ello también entiende el ministro que el “asalto” fue una “medida extrema”. ¿Extrema para qué? ¿Para hacer lo que no corresponde en ese lugar?

Respetar a cada Instituto de la unidad de instrucción (colegio) era y es respetar la conformación de una nacionalidad que el señor ministro evidentemente desconoce.

Simples disparates, tanto el asalto a los colegios como lo dicho por el ministro.