domingo, 10 de febrero de 2013

Con el republicanismo no alcanza





Por César Ramón Cuello

Constantemente se lee y escucha a políticos opositores, periodistas, economistas, escritores, etc., reclamar el funcionamiento republicano en el gobierno nacional de Argentina. Efectivamente, el sistema como tal, esencialmente, no funciona actualmente pese a la máscara instalada desde el gobierno en el sentido que se respetan sus condicionamientos. Para que esto suceda, cada uno de los poderes constitutivos del esquema estatal debe funcionar con absoluta independencia de criterio; de manera tal que ninguno se vea influenciado impúdicamente por otro para conseguir fines que no están en concordancia con los intereses de la Nación y sí en beneficio de intereses sectoriales. No son necesarias demasiadas explicaciones para aceptar la distorsión que nos embarga políticamente dados los notorios y flagrantes hechos que se cometen avasallando el orden institucional y aceptados por quiénes no debieran hacerlo, sean legisladores, jueces u otros miembros de la estructura del Estado y miembros de la sociedad como los empresarios cómplices. El accionar estatal sobre la base de la forma de república, asegura en un grado aceptable el control recíproco de los Poderes y ello conlleva que los ciudadanos sean respetados integralmente, especialmente en orden al esfuerzo que realizan para alimentar las finanzas públicas con su esfuerzo; y que tanto las leyes, su cumplimiento y la garantía de su constitucionalidad conduzcan a que constantemente se bregue por mantener y mejorar la calidad de vida de los habitantes, se asegure su libertad y seguridad, se promueva la paz interna, la defensa nacional, tal como lo establece la Primera Ley.

La aparente formalidad republicana que hoy exhibe Argentina ha producido graves distorsiones contándose como de iguales consecuencias, por ejemplo, la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para disponer de casi la totalidad de los recursos tributarios para manejarlos con absoluta discrecionalidad; limitando de la misma manera el derecho de las comunidades que conforman la Nación a gobernarse en libertad, negando absolutamente el federalismo que no solamente está proclamado como un inalienable derecho por la Carta Magna, sino que constituye el reconocimiento de la dignidad personal y grupal de los miembros de aquellas comunidades. Concentración en el manejo de caudales públicos que da lugar a una pésima asignación y uso de recursos y acarrea serios peligros de que se cometan actos de corrupción, como tantos denunciados; que desmejoran la calidad de vida de los habitantes y los degradan moral e intelectualmente. A tal punto que el panorama que ancestralmente se visualiza en las altas esferas del gobierno ha dado lugar a la argentina posición discepoliana de que “nada es mejor, todo es igual”.

Juan Manuel de Rosas, tildado como sangriento tirano entre otros epítetos, se oponía a la sanción de una constitución nacional hasta tanto las provincias de la confederación no estuvieran debidamente organizadas. Al menos así se lo explicó en una carta a Facundo Quiroga. El propósito, siguiendo lo hecho en América del Norte, donde al inicio de la guerra por su independencia las trece colonias poseían organización escrita en sus constituciones, era establecer el ente que representara a las provincias y no que las gobernara, respetando así el concepto de federalismo, es decir, el derecho de gobernarse por sí cada pueblo. Al final en nuestro país sucedió al revés. A través de toda su historia la Nación Argentina vivió bajo la égida espuria del gobierno nacional. Con ausencia total del sinónimo de federalismo, la democracia. Concepto también desvirtuado; en la medida que se confunde un sistema de organización social con la facultad graciosamente otorgada a los habitantes de optar por uno de los candidatos que aparecen en el escenario de cada elección. La esencia original del concepto “federalismo-democracia” es que se trata del “gobierno de los pueblos” (del griego demo=pueblo; cracia=gobierno) en la Asamblea que reunía a los representantes de cada uno de los diez demos en que estaba dividida Grecia; donde en cada uno de éstos había gobierno propio absolutamente. En los países más adelantados de este mundo este sistema funciona plenamente. En los atrasados donde el despotismo y la tiranía es moneda corriente funciona, naturalmente, el unitarismo que impone la concentración de poder y recursos. Los argentinos sabemos de ello.

Los resultados que hemos alcanzado hasta el momento, luego de más de doscientos años de vida independiente, hacen caer por su propio peso que el republicanismo pretendido por todos los personajes enunciados más arriba, es necesario pero no suficiente.

Luego de la desaparición del roquismo que intentó, montado en la Generación del 80, instaurar el capitalismo con la limitación, entre otras, del régimen de tenencia de la tierra (latifundio) que no permitió el enriquecimiento de la población para dejar constituida una verdadera y poderosa clase media, se instaló en Argentina un conservadurismo oligárquico, con características fascistoides en la década del treinta del Siglo XX, que tendería a reinstalarse con la sola vuelta al funcionamiento republicano hasta ahora conocido en la República Argentina.

La democracia (federalismo en el sentido cabal de la expresión) lleva consigo que “el ojo del amo engorda el ganado”. Nadie mejor que el pueblo para vigilar que su esfuerzo, traducido en impuestos, sea bien utilizado y no sea objeto de latrocinio por parte de políticos corruptos y empresarios prebendarios. Luego, cada provincia debe administrar la riqueza y los recursos que ella genera y en cada municipio hacer lo propio para que exista el control social que no permite el latrocinio que degrada.

Uno de los resultados más avieso que soportamos fruto de nuestra organización social y forma de gobierno es la inflación; que encubiertamente genera fondos espurios para el gobierno central y socava la integridad moral y material de los habitantes. La política monetaria y fiscal nacional ha provocado tanta distorsión que sería aventurero fijar plazos para volver a la normalidad; sin emisión espuria, sin déficit fiscal y comercial, sin crecimiento sostenido de los precios; que ha desbaratado el mecanismo funcional de la economía de mercado, la mejor manera conocida hasta el presente para generar riqueza y distribuirla.

La prioridad que debemos tener en cuenta es desarticular la concentración de poder y riqueza que se formula actualmente en el Poder Ejecutivo de la Nación y luego, paulatinamente, transferir esos valores, en la medida adecuada, a las comunidades que conforman la Nación Argentina. Para que alguna vez funcione realmente la democracia y el federalismo. Esto es tanto más difícil como que no existe en todo el espectro social del país siquiera un atisbo de que se piense en ello. No obstante, tengamos presente que si no sucede tal cosa, los argentinos seguiremos sumidos en la mediocridad que día a día avanza más y más.

domingo, 3 de febrero de 2013

Construir un buen pasado





Por: César Ramón Cuello
En los albores del gobierno ejercido por el equipo comandado por la Presidenta de la República se insistía en denominarlo como de inclusión social; como si esto fuera una merced al mejor estilo monárquico, dada su condición de popular y nacional pretendiendo dejar la impronta de dirigentes en el rol de buenos o como si ello fuera una función que indefectiblemente tengan que asumir; actitud que por otra parte se presume esperada graciosamente por una considerable porción del conjunto de los habitantes. Al parecer no se tuvo, ni se tiene en cuenta, que la acción gubernamental debiera orientarse a la generación de condiciones para que la creatividad que proporciona la libertad permita a los miembros de una comunidad alcanzar el mejor nivel posible respecto de su capacidad, de su esfuerzo en el trabajo fecundo; en el marco de reglas morales que sean generalmente aceptadas; y los ciudadanos asumiendo deberes y responsabilidades. Entendiendo por libertad, incluso, a la versión económica del concepto, que consiste en respetar la propiedad privada que no es otra cosa que admitir como propio, del que honestamente lo consigue, el fruto de su trabajo.
Nuestra sociedad, el conjunto de comunidades argentinas, sufre a esta altura de los acontecimientos, no solamente los efectos de la inseguridad personal y patrimonial, sino también aquellos que surgen de la falta de claridad en el horizonte que señala el futuro. El autor dramático Roberto Cossa ha expresado con una destacable elocuencia que "Yo quisiera estar en contra del Gobierno, pero la oposición no me deja", ante lo cual luego aclaró que su dicho era "una especie de preocupación", ya que fue "una frase acuñada en los tiempos de las aguas calmas. Hoy no me expresa. No quiero oponerme al Gobierno hasta que no aparezca un proyecto superador con posibilidades de tomar el mando" puntualizó, según consigna Pablo Sirven en la edición de hoy de La Nación.
Aquella “propiedad privada” está ultrajada conceptual y materialmente, entre otras maneras, de un modo muy particular. Por un lado, desde la esfera del poder se niega el deterioro en la moneda nacional que día a día se produce en su principal función (reserva de valor), por efecto de la inflación. Por otro, téngase en cuenta que la contraprestación dineraria que se recibe por el trabajo, que es propiedad del que lo ejerce, es celada y escandalosamente escamoteada por el fenómeno mencionado y el resultado de esta felonía va a parar a manos de quiénes la manejan sin control social de ninguna especie.
Bien podríamos preguntarnos si este fenómeno financiero es razón o consecuencia en el sentido de ubicarlo en un grado de prelación respecto de los males que sufre la sociedad a la que pertenecemos: falta de respuesta ante la demanda de puestos de trabajo dignos por parte de la población que año tras año pretende incorporarse legalmente a la clase económicamente activa (CEA), ausencia de tecnología autóctona, de excelencia intelectual, de infraestructura suficiente para albergue de las familias (viviendas), para la instrucción, salud y seguridad públicas y para el aparato productivo (ferrocarriles, caminos, energía, instalaciones portuarias); carencia de ahorro interno para financiar inversiones que permitan el crecimiento de aquel aparato productivo (no simplemente de  la “actividad”) y de crédito internacional (ahorro externo) que ocupe el lugar del interno o en su caso lo complemente. También bien podríamos agregar que adolecemos de una clase empresarial que sea capaz en una economía abierta, de enfrentar la realidad del planeta en tanto es necesario producir competitivamente bienes y servicios en cantidad y calidad suficientes para abastecer el mercado interno y obtener, además, saldos exportables (transables) para poder adquirir lo que otros países producen en mejores condiciones de calidad y precio que nosotros. Sin dudar podríamos afirmar también que si el setenta y cinco por ciento de los jóvenes que egresan del nivel secundario de instrucción no interpreta lo que lee (contando que únicamente completa el nivel secundario menos del cincuenta por ciento de los estudiantes), tampoco tenemos reserva poblacional como para pensar que demográficamente nuestra etnia tendrá condiciones elevadas para estar a la altura de la naciones altamente civilizadas. Deberíamos admitir, por último, que es bochornosa la mala impresión que provoca la sospechada corrupción de miembros del Poder Judicial. Este conjunto de negatividades tiene su expresión más evidente en la clase política, quizás nunca mejor descripta que por Karl Marx quien dijo que era el conjunto de personas organizadas para explotar al resto. Para colmo, aceptando la palabras de Cossa, no existe expresión alguna sobre cuál es el camino que debemos seguir para sobrepasar estos malos momentos de nuestra Patria. Es como si debiéramos conformarnos con simples y retóricas expresiones de deseo que, más que aclarar, oscurecen el panorama; dichas por protagonistas de todos los sectores políticos.
Uno de los más penosos resultados de esta especie de caos social, potencialmente peligrosísimo, es el lacerante impacto de la drogadicción en el tramo social de menores recursos; que está diezmando la reserva humana de la Nación generando una proliferación del delito que ha alcanzado niveles insospechados algunas décadas atrás.
Se puede advertir, eso sí, que existe un elemento precario presente en todas las situaciones negativas descriptas precedentemente: la impunidad. Existe impunidad manifiesta respecto de la mala praxis (más de una vez delictiva) en los actores del gobierno; lo propio sucede con los organizadores de la producción que no purgan su acción prebendaria cómplice del despojo a los ciudadanos; de los conductores familiares que no han preservado del deterioro al concepto social básico: la familia es la base de la sociedad. Se anota la condición de precaria asignándole la acepción cabal de la expresión, es decir, que su propia naturaleza le asigna poca vida, ya que las consecuencias de la impunidad (de la que gozan ciertos personajes) algún día se paga aunque no sean los transgresores los que lo hagan. Los argentinos ya lo estamos haciendo. De haber sido un país promisorio hoy estamos en una debacle que hasta es muy difícil de describir. Todo lo que hemos hecho o estamos haciendo mal tiene un precio que, al ser muy caro en este caso, deviene en pobreza material, intelectual y moral. Téngase presente una vez más la pobreza que nos rodea ya que producimos algo así como cinco mil dólares por habitante y por año frente a los más de cincuenta mil de los primeros países. De nuestra pobreza no pueden surgir nada más que remuneración al trabajo de pobres, escuelas de pobres, hospitales de pobres, ferrocarriles y caminos de pobres, policía de pobres y lo que es peor aún, intelectualidad de pobres, etc. Esto es, si no reaccionamos a tiempo, todo lo que podamos hacer o tener será de pobres; paradójicamente en un territorio que ofrece mucha riqueza.
Un sindicalista expresó que si los gobernantes dejaran de robar durante dos años podríamos solucionar muchos problemas. No debe ser así, Deben dejar de robar para siempre, si es que lo están haciendo. Y los habitantes proporcionarse una organización social que permita e imponga control social a rabiar. La mejor manera conocida hasta ahora, es el gobierno propio de cada comunidad; recaudando, asignando y erogando en ellas los recursos sociales; asumiendo de esta manera su responsabilidad el conjunto poblacional en materia de necesidades sociales de instrucción, salud, seguridad, justicia y preservación del medio ambiente. Con solamente el republicanismo no alcanza. Debe descartarse totalmente el centralismo e implantar el federalismo a ultranza con lo que, dada la cercanía del control social, tanto en el tiempo como en el espacio, podría desaparecer la atroz impunidad que nos tiene invadido y que provoca el despojo desmesurado de los recursos sociales. Con la vigencia plena del control social la evidencia de lo que está mal hecho podría facilitar reorientar constantemente la nave social y llevarla a buen puerto. Va de suyo que no es una tarea fácil. Hasta ahora está todo en contra de que ello suceda y la intención en tal sentido se torna utópica. Se necesita mucho esfuerzo durante mucho tiempo y claras ideas que iluminen el camino para darle consistencia al pasado que constantemente vamos construyendo en el presente. Pasado que tendríamos que mirar con orgullo algún día. Por ahora nuestras espaldas cargan el fracaso. Hagamos que el futuro lo construya, para ser dignos de nuestro presente.

miércoles, 1 de agosto de 2012

Disparates II



Por César Ramón Cuello

Informalmente circula desde siempre en el ámbito castrense, el dicho “el superior siempre tiene razón y más cuando no la tiene”. Esta aseveración, que también tiene vigencia implícita en todos los perímetros sujetos a una organización, marca la necesaria subordinación al orden disciplinario y jerárquico para humanamente garantizar el funcionamiento orgánico de los grupos que se conforman para lograr determinados fines. Ello con el propósito cierto de concretar otro principio básico de la administración: evitar la dispersión de esfuerzos o, lo que es lo mismo, conseguir la concentración de esfuerzos para obtener eficiencia y eficacia en los procedimientos.
Llama poderosamente la atención entonces que la más alta autoridad de la Nación en el orden de la instrucción pública no tenga en cuenta estos principios en la ejecución de su mandato; esto es, tratar de encauzar su gestión dentro del respeto al orden jerárquico funcional aprovechando al máximo posible los recursos de los cuales se dispone. Es que no solamente administra bienes materiales sino también la más preciosa reserva para garantizar el futuro de nuestra sociedad: los educandos (niños y jóvenes); que necesitan pertrecharse de los valores que proporciona el conocimiento para asumir en la adultez las roles propios de las distintas funciones que asuman. Tal el objetivo de la instrucción. La educación se recibe en el hogar.
Esta fala de atención a lo que es norma se puso de manifiesto con motivo del asalto, más que “toma” (porque aplicar este término sería un eufemismo que no debería aceptarse en este caso), que los propios alumnos perpetraron en los colegios donde se supone deben concurrir para recibir instrucción, para adquirir conocimientos.
Las leyes, escribió genialmente Montesqueau, son las relaciones necesarias que surgen de la naturaleza de las cosas. Luego debe admitirse que cada organización tiene las propias en la medida que parten de su naturaleza. Las que reglamentan el funcionamiento de un establecimiento de instrucción, si la aseveración de Montesqueau es cierta, y así se lo ha entendido por siempre, deben ajustarse a su esencia, a su naturaleza. En  consecuencia, dentro de su tramado, todos y cada uno de los protagonistas que le dan vida a la institución, deben cumplir con su rol. Los directivos para conducir administrativamente, los docentes para instruir, el personal de mantenimiento y limpieza para mantener adecuadamente la infraestructura y los alumnos para recibir y asimilar conocimientos. Tradicionalmente, y al parecer no hay razones para que ello cambie, esta estructura de funciones está institucionalizada; cosa que normalmente se internaliza por los actores y se respeta. No hacerlo sería desvirtuar, desnaturalizar o quizás mejor dicho pervertir los objetivos de la institución. Por el contrario, aceptar y luego respetar la institucionalidad significa la posibilidad de mantenerla fortificada y de acrecentar su eficiencia y eficacia a medida que se le pueda ir incorporando valores positivos.
Admitir y celebrar como una “cocina de participación democrática” el asalto perpetrado y garantía de que no “vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en el pasado”, va derecho al desmantelamiento de la institucionalidad que hemos señalado. Porque al colegio se concurre para recibir conocimientos y no para que aquellos que deban cumplir un rol determinado (en este caso recibir conocimientos) se pretendan arrogar otros que no les están asignados de acuerdo a la naturaleza y leyes de la institución.
Quizás el ministro eso desee: destruir lo que fue un sagrado lugar para incorporar conocimientos (para realizar algo distinto existe el lugar respectivo en cada caso) y que también desee que no volvamos a tener el sistema de instrucción que nos llevó al primer lugar en nuestra América Latina (hoy estamos en el sexto lugar). Es muy probable que esto así sea ya que en sus declaraciones radiofónicas dijo que “hoy se educa (sic) (debió decir “instruye”) de otra manera”. “Antes, cuando entraba el profesor, los alumnos se ponían de pie y quizás el docente no merecía ese trato”.
Esta última afirmación es una prueba de sus supuestos designios; porque los alumnos se ponían de pie no tanto por respecto a la personalidad del profesor (que en su vida privada o pública podría ser tachado negativamente) sino por consideración a la “institución profesor” que representa en ese momento y durante el transcurso de la clase. Quizás por ello también entiende el ministro que el “asalto” fue una “medida extrema”. ¿Extrema para qué? ¿Para hacer lo que no corresponde en ese lugar?
Respetar a cada Instituto de la unidad de instrucción (colegio) era y es respetar la conformación de una nacionalidad que el señor ministro evidentemente desconoce.
Simples disparates, tanto el asalto a los colegios como lo dicho por el ministro.

martes, 24 de julio de 2012


Ordena tus trabajos de fuera
Y prepara tus faenas en el campo
Y después puedes construirte tu casa
(Proverbios 24,27)
Disparates
Por César Ramón Cuello

Son notables los disparates que, desde el punto de vista de la economía, se han practicado al son de una medida de disposición de fondos jubilatorios y hemos escuchado decir de labios de un funcionario del gobierno federal.
Fue en el acto del sorteo para adjudicar préstamos para construir viviendas con fondos de la Anses. La Nación (21/07/2012) reproduce como textual que dijo “es privatista, noventista y reaccionario” pedir que los fondos que administra aquel organismo sólo se destinen a jubilaciones y no se invierta también en el sistema productivo. Justificó la acción del gobierno en que “el sistema es solidario. Es mezquino decir que los fondos deben ser para una sola persona. Más cuando ese sistema privado (de las AFJP) no funcionó…No hay autoridad moral y además es mentira”.
 También se reproduce que se expresó sobre la “mala intención” de economistas porque cuando la economía crecía al 9% anual era por las buenas perspectivas del mundo y si a la Argentina le va mal no es por el mundo sino por las medidas del gobierno.
El primer disparate que vamos a puntualizar tiene que ver con la disposición de fondos acumulados por los aportes y contribuciones que realizan trabajadores y patrones respectivamente, para hacer frente a los haberes de los habitantes que se retiran de la clase económicamente activa, es decir, los haberes jubilatorios. Uno de los objetivos que tiene esa disposición de fondos, según las fuentes del gobierno es solucionar en parte el problema de la falta de viviendas y otra generar empleo. Pues bien, en primer lugar, esa contribución conduciría a paliar con el diez por ciento la necesidad de viviendas que tiene el país, siempre y cuando se construyera el número anunciado (cuatrocientos mil) y se mantuviera estático el que alcanza la carencia de techos familiares.
El funcionario puntualizó que se trata de mentiras los conceptos de los economistas. En realidad, la falacia está en sus propias palabras; en la intención que se le adjudica a la medida de gobierno. Porque se torna absurdo el esfuerzo financiero ya que para disponer de la riqueza necesaria para afrontar tamaño déficit, cercano a los cuatro millones de unidades, sería necesario poseer una economía que tuviera la capacidad suficiente para producir el ahorro necesario para ello, algo que nuestro sistema económico no está en condiciones de generar. Apenas supera los cinco mil dólares por habitante y por año, lo cual a todas luces es harto insuficiente. Los países que tienen solucionado el tema poseen economías que superan los cincuenta mil, con cifras muy importantes desde hace decenas de años, lo que pone de manifiesto trabajo y esfuerzo de muchas generaciones. En nuestro caso tendríamos que sumar al tema de la vivienda el de la defensa nacional (no poseemos fuerzas armadas en términos aceptables), las falencias en el sistema de salud e instrucción publica, la incapacidad para brindar seguridad persona, patrimonial y jurídica a los habitantes. Poseer capacidad para dar respuesta satisfactoria a la solución de estos problemas está muy lejos en el tiempo aun si se modificara el rumbo y nos orientemos hacia ello.
Afirmar que el gobierno está en la tarea de propender a solucionar tamaños problemas sería expresar que estamos orientados a alcanzar niveles de productividad y producción adecuados para crear puestos de trabajo sustentables que permitan al trabajador pagar por su vivienda, ya que el propio sistema económico debe ser el verdadero protagonista en la gesta y no el Estado. Que no está para solucionar problemas puntuales en todo caso, sino para orientar la gesta nacional, con el objeto de lograr que el pueblo por sí posea la capacidad suficiente para ello y que no tenga que depender de la generosidad (con riqueza ajena) de nadie, sino de su propio esfuerzo dignificante. Es decir que tenga “libertad económica”, uno de los postulados de la mayor fuerza política del país a la cual dicen pertenecer los miembros del gobierno nacional, y que su vida transcurra civilizadamente pudiendo acceder a los beneficios del avance de la civilización..
Para alcanzar esta meta tendríamos que multiplicar por cifras cercana a los dos dígitos el tamaño de nuestra economía. Si tenemos en cuenta que para duplicarla es necesario un crecimiento real sostenido del aparato productivo en el orden del siete por ciento anual en el término de una década, debemos tener presente que la extensión en el tiempo de un plan a tales efectos está bastante lejos del lapso que durarán en el ejercicio del gobierno los actuales actores y de los que en el futuro cercano lo ejerzan.
Se desprende, de los conceptos analizados, que se pretende asignar mesiánicamente la solución a semejante problema que poseemos los argentinos (de la vivienda) en un término que ni siquiera es definido (tampoco se podría) y, además, se le suma otra pretensión:  la creación de fuentes de empleo. Que si esto sucediera al amparo de la medida ejercida sería pan para hoy y hambre para mañana. Esto es así en la medida de otro disparate: atribuir calidad de “actividad productiva” a la construcción de viviendas, que es lo último que hay que hacer, luego de asegurar las fuentes de trabajo..
La creación de empleo tiene sentido cuando la fuente es sustentable. Esto y decir que la inversión es “productiva” es lo mismo; en tanto que la construcción de viviendas se trata de una “inversión estática” que en términos reales consiste en “enterrar riqueza” ya que luego de terminada la construcción ésta no genera más. Algo así sucedió con el Estadio Único de La Plata; está sirviendo más que nada para que grupos internacionales del espectáculo “recojan” buena cantidad de dólares y llevarlos a sus países de origen.
Los Proverbios inscriptos en la Biblia contienen sabiduría milenaria, no hay duda. Datan de hace tres mil años. El anotado al principio de esta nota parece ser que lo hubiera escrito un Premio Nobel de Economía; sin embargo se trata de la sabia observación de un humano, inspirado por Dios; su deducción fue que primero hay que asegurarse la fuente del sustento, la fuente de la riqueza que permita ahorrar para poder construir la vivienda.
Al menos, sino la palabra de los economistas modernos, sería bueno tener presente la del Señor, de cuya sabiduría no podríamos renegar.

viernes, 23 de septiembre de 2011

Infortunios y pobreza


Por César Ramón Cuello

En más de una oportunidad se ha tratado en estos espacios sobre la pobreza de nuestro país que redunda, lógicamente, en la pobreza de su pueblo. Es cierto que su territorio posee riquezas explotables y que de hecho se explotan; y también que existen acaudalados que de ninguna manera se le puede llamar pobres. Por el contrario, los que se destacan por ello se encuentran a una distancia sideral del común de la gente. Es que cuando existe un pueblo pobre tiene vigencia la ley inexorable que determina la presencia de algunos muy ricos y muchos pobres.

Si bien esta inequidad ha sido, desde la aparición del Homo Sapiens Sapiens hasta nuestros días una constante, sus efectos se ven disminuidos en la medida que la abundancia de recursos se aprovecha y se obtienen índices de alta productividad. Porque ocurre entonces que estos beneficios alcanzan para que haya súper ricos y el que el resto de la población tenga una standard aceptable en cuanto a la cobertura de sus necesidades y alcance de los beneficios que otorga el grado de civilización  alcanzado por la humanidad.

Claro está que la calidad de vida que se obtiene depende del grado de esfuerzo que cada uno haga en un medio donde se le brinde la oportunidad de hacerlo. En  este aspecto se verifica otra constante: cuando el pueblo tiene esa posibilidad es porque la organización social y el tipo de funcionamiento en la economía son los adecuados para ello. Fundados en la libertad que es fuente de creatividad y sin el corsé que implica una economía cerrada que no permite la competitividad ni la existencia de reglas de juego permanentes, ni mantiene el valor intrínseco de la moneda por efecto inflacionario que pervierte el esfuerzo tanto personal como colectivo; ni la estabilidad política que permite el desarrollo de un modelo de vida orientado hacia un futuro persistente, ni la seguridad jurídica y patrimonial que promueve la confianza generalizada.

La ausencia de una organización con los ingredientes democráticos y una economía con la suficiente fortaleza no puede nada más que brindarnos la penosa realidad que vivimos: escuelas y sistema de instrucción de pobres, hospitales y sistema de salud pública de pobres, seguridad personal y patrimonial de pobres, administración de justicia de pobres.

En estos días un triste acontecimiento ha venido a poner de manifiesto esa situación de pobreza. Fue un accidentes ferroviario con más de una decena de víctimas fatales y por lo menos dos centenas de heridos a lo que se sumó otra de la misma naturaleza aunque en este caso sin muertos pero también con casi cien heridos. Lamentablemente debemos admitir que se trata del resultado de nuestra pobreza. En las ciudades de naciones ricas, el servicio ferroviario no se presta a nivel de superficie. En ellas está instalado subterráneamente o en altura, de manera que accidentes como el anotado no se producen o muy raramente se producen.

Está claro que de la situación de pobreza no se sale con la ayuda a desocupados implementada en la década de los noventa luego de las crisis que se desataron en aquellos años; situación que se agravó a partir del interregno del gobierno nacional entre los últimos días del 2001 y los primeros del 2002 y sus secuelas; ni con las ayudas implementadas posteriormente, desde hace más de una década, con planes para los que no trabajan y otras asignaciones; ni con subsidios a la demanda que retrasan tarifas y distorsionan el sistema de precios relativos que conducen a una segura debacle si no se reacciona a tiempo; ni otorgando graciosamente beneficios jubilatorios sin el ahorro previo. Esto es así en la medida que, lejos de crear más riqueza, en este tipo de medidas se recurre a la ya generada, lo cual contribuye a la disminución de stock de capital social y con ello a incrementar aún más la pobreza, aunque los síntomas de tal debacle que se cierne tarden en aparecer.

Tampoco escaparemos de la franciscana situación limitando la expansión del aparato productivo con medidas que restringen el comercio internacional de la Nación en tanto éste es motor del desarrollo; que debe acompañar al incremento de la actividad económica; porque ésta sin aquél da lugar a que su expansión no tenga una vida duradera. Ni soñando alcanzaremos niveles óptimos en todo sentido si no eliminamos alguna vez la terrible situación de corrupción en el manejo de fondos públicos, si no desarticulamos la concentración de los recursos públicos que desde 1994, reforma constitucional de por medio, se verifica en el gobierno nacional institucionalmente.

El recientemente conocido caso de la adjudicación de varios centenares  de millones de pesos a un organismo no gubernamental que funciona sin ningún  tipo de control social es un caso más de una vieja práctica en Argentina. Son  conocidos los fondos fiduciarios así como las partidas también de centenares de millones que se transfieren a cooperadoras para mantenimiento y construcción de infraestructura escolar y hospitalaria facilitando la corrupción generalizada de funcionarios y empresarios que de una manera u otra contaminan a todo el cuerpo social. Renglón aparte, se puede afirmar que no son actos ilegítimos ni delictivos porque están permitidos por la ley, aunque deriven posteriormente en acciones inmorales que constituyen en sí mismos una desaprensión (falta de escrúpulos) y desconsideración del semejante que se esfuerza para cumplir con la ley y ser buen ciudadano, financiando la distribución discriminada de fondos públicos, con el pago de tributos.

No se trata de hacer la vista gorda ante el infortunio de millones de compatriotas, que sufren los efectos por ellos no esperados ni generados, eliminando planes de ayuda sino de revertir la situación para incorporarlos al trabajo productivo. Para ello es necesario poner en funcionamiento un sistema de organización social y económica que lo permita; para recaudar, asignar, erogar bajo control los recursos sociales; para que la creatividad que permite la libertad económica espiralice el proceso productivo y lleve los rendimientos a tal nivel que logre incrementar el volumen de riqueza producida por habitante hasta alcanzar un punto tal que supere con creces la línea de pobreza.

La falta de competitividad debido al funcionamiento de una economía cerrada e inflacionaria, que caracterizó la historia económica argentina, agudizó la situación prebendaria del Estado de los agentes económicos. Sumado a esto debe considerarse la formalización del sistema de cobertura de la asistencia médica para los trabajadores en el seno de las obras sociales sindicales que resultaron entes  ineficientes, ineficaces y antieconómicos, vistos a la luz de los millonarios aportes del Fisco que históricamente requirieron y recibieron. Todo ello significó la obtención de un altísimo costo de funcionamiento social que no permitió a la Argentina constituirse en una Gran Nación. Quizás sea posible afirmar que es fruto de la herencia de una carga cultural originada antaño.

Cuando Carlos V se hizo cargo del Reino Español y todas sus posesiones, donde no se ponía el sol, y luego de la Guerra de los Comuneros, se instaló un sistema unitario y centralizado, eliminando prácticamente los gobiernos locales de las comunas, dándole una nueva forma al feudalismo de la Edad Media. Un fenomenal caldo de cultivo para la corrupción que tuvo puntos culminantes en la Casa de Contratación de Sevilla desde donde se ejercía el monopolio comercial con las colonias. Esto se trasladó e instauró en América Latina, aún con la resistencia de los cabildantes, persistiendo todavía en nuestra organización social, a pesar de la pseudo federal Constitución de 1853. Porque luego de 1810 se mantuvo aquel neo feudalismo en forma caudillista o caudillezca, que tanto combatió Sarmiento, como un resabio del Medioevo y con las modernas formas de conducción, trasuntadas en líderes nominados desde punteros a conductores nacionales.

Como expresara Alberto M. Ballvé en su libro “Tablero de Control” (Emece Editores, Buenos Aires, 2008, Página 65), “las limitaciones culturales son razones muy profundas y estructurales, y por lo tanto muy difíciles de ser modificadas” no obstante las situaciones coyunturales de bonanza como las que actualmente vivimos los argentinos. Pero, no debemos cejar en el empeño de alcanzar alguna vez el grado de Gran Nación.

No hace falta nada más ni nada menos que organizarnos adecuadamente y producir más riqueza. Lo demás viene por añadidura, eliminación de la corrupción inclusive.

Vamos a repetir una vez más: la organización social más adecuada y experimentada desde la Grecia de Clístenes y Pericles hasta nuestros días, es la democrática (demo=pueblo/cracia=gobierno) en república. Es decir, hacer recaer en los gobiernos locales el derecho y responsabilidad de atender las necesidades comunitarias básicas (instrucción, salud, seguridad, justicia) para lo cual deben procurarse los medios en forma directa en su propia comunidad. Es la mejor manera conocida de ejercitar el control social y lograr el óptimo rendimiento del esfuerzo ciudadano de tributar impuestos. Proveedores de bienes y prestadores de servicios al Estado y los funcionarios estarán controlados para que no se enriquezcan espuriamente a costa del esfuerzo de los habitantes; policías, jueces y fiscales (que debieran ser elegidos mediante el voto popular) se cuidarán de no ser cómplices de delincuentes porque podrían ser fácilmente detectados como tales; docentes y profesionales de la salud, debidamente remunerados en función de la capacidad de cada comunidad, serían considerados a la altura de su noble profesión y no como trabajadores en lucha permanente por mejoras salariales; .

Por la otra parte, la mejor manera conocida en todos los tiempos para alcanzar volúmenes importantes de riqueza que proporcione bienestar a la población y la posibilidad de brindar puestos para todos los que pretendan trabajar, es el sistema de economía de mercado abierta al mundo, con libertad y competitividad. Suficientemente alejada del estatismo nazi/fascista/marxistoide/stalinista para evitar los riesgos inherentes que, con la fachada del populismo, las más de las veces suele generar un capitalismo de amigos altamente pernicioso y concentrador de riqueza que lleva al paroxismo de la pobreza a núcleos importantes de la población.. 

Es cierto, “las limitaciones culturales son razones muy profundas y estructurales, y por lo tanto muy difíciles de ser modificadas” pero sería bueno que recordemos las palabras de un grande, Ortega y Gasset, que nos dijo: “Argentinos, a las cosas”.

La Plata, 22 de setiembre de 2011